Debates sobre gestión de Transcaribe, fortificaciones y economía popular en Concejo de Cartagena

El Concejo distrital fue escenario de debates sobre el transporte masivo de Cartagena, las fortificaciones y la audiencia pública para conocer más detalles del Proyecto de Acuerdo 074 «Cartagena Compra Popular».

Iniciado el orden del día, se dio paso a los informes de gestión. Sandra Schmalbach, directora de la Escuela Taller, presentó el informe de enero al 15 de mayo de 2025, explicó que para el programa de formación integral se cuenta con $1.500 millones con los que 225 jóvenes han recibido formación técnica y se ha vinculado laboralmente a 43 egresados. Del proyecto de recuperación y apropiación del patrimonio, con una inversión de $200 millones para impactar a 5.000 personas. Informó que las fortificaciones recibieron 305.000 visitantes y que se gestionaron 24 aprovechamientos económicos de baluartes.

Sobre la gestión presupuestal, de un presupuesto definitivo de $37.612 millones, se han ejecutado $22.804 millones, de los cuales $17.288 millones corresponden a funcionamiento y $5.515 millones a inversión. En la gestión contractual, se han suscrito 179 contratos, incluyendo 112 de forma directa, 30 por concurso de méritos y 3 licitaciones públicas.

Respecto a las metas del Plan de Desarrollo para 2025, detalló los siguientes avances: Se superó la meta de formar a 400 personas, capacitando a 565; en el programa de educación para el trabajo, ya hay 56 personas inscritas; se ha formado a 50 de las 65 mujeres proyectadas en oficios técnicos, las mejoras en ambientes de formación para la biblioteca y jardinería se iniciarán próximamente, se ha avanzado un 38% en las actividades de apropiación colectiva, que inician formalmente en julio.

El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) preguntó por la proyección del recaudo de fortificaciones. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) le pidió claridad sobre cómo se administrarán y reinvertirán los recursos generados en el baluarte y cómo se manejará la contratación del personal y la compra de insumos. Consideró positivo que un lugar público sea administrado por lo público.

La directora indicó que el recaudo avanza a buen ritmo (35% ejecutado), siendo la taquilla del Castillo de San Felipe la mayor fuente de ingresos, se espera entre todas las fortificaciones recaudar $32 mil millones. Añadió que buscan nuevas fuentes, como un laboratorio gastronómico en el Baluarte de Santo Domingo, el cual funciona como un espacio de formación y empleabilidad para aprendices y egresados, quienes son contratados a través de una empresa de servicios temporales con todas sus prestaciones. Explicó que la compra de insumos se realiza a través de un proceso de selección y que los ingresos se reinvierten para garantizar la autosostenibilidad del proyecto.

El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) sugirió incluir en los procesos productivos a matronas, palenqueras y otros oficios tradicionales. Preguntó por el Baluarte El Reducto, junto al puente Román. La concejal Gloria Estrada (Liberal) preguntó en qué se han invertido los recursos del comodato. En respuesta, Schmalbach indicó que el baluarte fue el primero en ser intervenido y se evalúa con MinCultura su uso transitorio por parte de distintos actores. Aclaró que los recaudos de fortificaciones van a un fondo nacional y se destinan íntegramente al mantenimiento de las fortificaciones entregadas en comodato, siguiendo un plan de acción de mejora.

Continuando, la gerente de Transcaribe Ercilia Barrios presentó su informe de enero a abril de 2025. Informó que el sistema opera con 332 vehículos (53 articulados, 162 padrones y 117 busetones) en 24 rutas que cubren el 60% de la ciudad. Explicó que, al comparar los primeros cuatro meses de 2024 y 2025, en la vigencia actual se han movilizado 144.041 pasajeros adicionales. La red de recaudo cuenta con 30 taquillas, 8 máquinas automáticas y 1.650 puntos externos. Destacó el lanzamiento de la aplicación móvil «MiBus», que permite ubicar autobuses en tiempo real y consultar el saldo, y señaló que continuara los recorridos de prueba del Ecobús.

En accidentalidad, se presentaron 184 incidentes, de los cuales dos tuvieron fatalidades. En cuanto a las averías de vehículos, se reportaron 481 en enero, 437 en febrero, 490 en marzo y 502 en abril, siendo el operador Sotramac el que presenta la mayor incidencia. Ante esto, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) calificó la cifra de autobuses averiados como alta y solicitó detalles sobre las acciones de Transcaribe al respecto. El gerente Barrios explicó que se realiza un seguimiento a cada caso y, tras comprobar las causas, se abren procesos sancionatorios contra los operadores. Actualmente, Sotramac tiene un proceso abierto en etapa de pruebas. Esto surge de los acuerdos conciliatorios logrados.

De 114 vehículos para chatarrizar, se han pagado 40 y 49 están en revisión. Se avanzará en el trámite de los 24 restantes para liberar capacidad operativa y utilizarlos en otros vehículos que su desintegración afecte de forma positiva la operación de Transcaribe. Sobre inversión, no se asignarán recursos para la recuperación del Patio Portal ni para la renovación del carril solo-bus, la flota eléctrica y la tarifa diferencial. Aclaró que ya se tiene un estudio que se presentará al alcalde sobre tarifa diferencial para adulto mayor y estudiantes y otro estudio sobre necesidad de intervención de carril de solo bus. En la flota eléctrica se comprarán 6 de este tipo de vehículos.

Se refirió al cumplimiento de metas del plan de desarrollo: 80% de avance en la renovación del Patio Portal y del 90% en la modernización del sistema de recaudo, gestión de flota e información al usuario. Se alcanzó un 75% en la implementación del servicio de seguridad ciudadana en el SITM y un 50% en las estrategias de promoción de cultura ciudadana. También se informó del diseño de dos estudios técnicos de transporte y del estudio para tarifa diferencial con 80% de avance. Hasta la fecha, se ha movilizado el 30% de la meta cuatrienal de pasajeros

Destacó la existencia de un estudio técnico de transporte acuático con 66% de avance y que se tiene un proyecto por regalías para la modernización y ampliación del SITM, esto incluye la construcción de un nuevo vagón adicional en la estación de Chambacú e intervenir la estructura del puente peatonal central de la estación del centro con una cubierta que unificará ambos módulos dando paso a una estación corrida más funcional en la cual también se podrá ingresar a los autobuses.

El presupuesto aprobado para 2025 fue de $108.649 millones, con una ejecución del 58,4%. Se reportaron ingresos por $23.010 millones y gastos por $7.340 millones. El costo operativo aumentó en $5.285 millones respecto a 2024, quedando en $16.950 millones debido a mayores gastos en mantenimiento, combustible y servicio de recaudo. Se informó también de aportes acumulados por $844.442 millones provenientes de la Nación, el Distrito y el Ente Gestor. La inversión acumulada por componente permanece en $730.390 millones. En cuanto a la deuda pública, se han pagado $3.695 millones a Scania en 2025, quedando un saldo de $7.786 millones. Con Infivalle, se han pagado $821 millones y quedan pendientes $956 millones.

El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) hizo un llamado a realizar esfuerzos para establecer tarifas diferenciales en Transcaribe, especialmente para beneficiar a la población más vulnerable. Además, solicitó información sobre la vinculación laboral de personal cesante al sistema, especialmente con Transcaribe Gestor. En respuesta, el gerente Barrios informó que se han realizado convocatorias permanentes para la vinculación de personal, incluyendo a conductores de los antiguos jeeps colectivos, quienes han sido llamados a integrarse al sistema como operadores. Sin embargo, indicó que la respuesta ha sido negativa, pues al parecer no todos están dispuestos a hacer la transición. Hizo un llamado público a acercarse a cualquiera de los tres operadores del sistema, ya que actualmente hacen falta al menos 100 conductores, y con la llegada de nuevos vehículos la demanda aumentará, teniendo en cuenta que se requieren aproximadamente 2,5 conductores por cada autobús.

La concejal Laura Díaz (Alianza Verde) preguntó qué está haciendo con otras entidades para ofrecer formación laboral que facilite la vinculación formal como operadores. El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) exhortó a que haya una supervisión más estricta en los mantenimientos de la flota, con el fin de evitar averías frecuentes y mejorar la frecuencia del servicio. El concejal Emmanuel Vergara (Conservador) pidió conocer cuál es la articulación entre Transcaribe y el DATT.

A esto, Barrios respondió que actualmente no existen convenios con instituciones para la formación de operadores, pero Transcaribe ofrece procesos formativos internos a pesar de las limitaciones presupuestales. Indicó que la flota de “rol operador” está en uso y en condiciones óptimas. En cuanto a las flotas pertenecientes a los demás operadores privados, explicó que no han recibido inversión pública y que su mantenimiento es responsabilidad directa de dichos operadores, aunque desde Transcaribe se realiza un seguimiento constante.

Sobre la programación de autobuses, Barrios señaló que en acuerdos conciliatorios se avanza que Transcaribe debe garantizar una programación definida, pero la inoperancia o ausencia de vehículos de las otras empresas interrumpe dicha frecuencia. Por esta razón, Transcaribe debe suplir con su propia flota y con vehículos de Transambiental. También indicó que hay factores externos como obras o cierres viales que afectan negativamente la regularidad del servicio. Finalmente, Barrios indicó que existe una comunicación permanente entre ambas entidades para coordinar aspectos operativos y de movilidad urbana.

Continuando con el orden del día, se procedió con la audiencia pública del proyecto de Acuerdo 074 «Por medio del cual se busca impulsar la participación de la economía popular a través de la plataforma tecnológica mi mercado popular en Cartagena de Indias DT Y C. «Cartagena Compra Popular» y se dictan otras disposiciones». Por parte de la ciudadanía, Jordán Jiménez cuestionó que el proyecto carece de marco teórico y criticó que se capaz de economía popular sin abordar la represión a los trabajadores informales. Propuso caracterizar y formalizar los empleos ligados al turismo y reconocer la gentrificación como una amenaza. Por su parte, Juan Carlos Trespalacios , presidente de ASOTRANCAR, respaldó la iniciativa de considerar que traerá bienestar a muchas familias y solicitó un debate de control político a Transcaribe.

Manuel Palmieri apoyó el proyecto, pero pidió la creación de una mesa técnica con participación de organizaciones sociales para garantizar una implementación equitativa. Rosalba Arrieta , de la Unión General de Trabajadores Independientes, preguntó si el proyecto tiene el aval del alcalde y señaló que la cobertura inicial de 500 beneficiarios le parece mínima. Gladys Montes , en representación de los campesinos, calificó el proyecto como trascendental para el reconocimiento de su trabajo y solicitó a la Alcaldía la creación del comité de reforma agraria, conforme a la Ley 160, para poder acceder a recursos.

Carlos Vargas , representante de la agencia Colombia Compra Eficiente , Añadió que la plataforma “Mi Mercado Popular” es un instrumento para que la economía popular tenga acceso a las compras públicas, el cual usualmente termina siendo un privilegio para un pequeño grupo de personas. Con este instrumento, los que hacen parte de la economía popular se pueden inscribir y participar. Ofreció acompañamiento para su uso y asesoría técnica.

Betty Tobar sostuvo la iniciativa para dignificar a los trabajadores informales y pidió apoyo real para las mujeres emprendedoras, a quienes a menudo se les dificulta el acceso a ferias. Gregoria García , presidenta de la Asociación de Artistas y Artesanos, instó a que se tenga en cuenta a la población migrante en estos espacios de participación.

El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) , autor de la iniciativa, explicó que con este proyecto se busca que los actores de la economía popular puedan ser contratistas del Estado a través de la plataforma. Indicó que el objetivo es que el distrito genere garantías, capacitaciones y formalización para que estos actores puedan competir. Aclaró que el proyecto no discrimina por nacionalidad, sino que exige el cumplimiento de los requisitos, y expresó su deseo de que cuente con el apoyo del Concejo y la Administración.

Nota: durante parte de la presentación del informe gestión de Transcaribe, solo hacían presencia 7 concejales (Pérez, Paria, Montero, Correa, Julio, Díaz, Córdoba).