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En un hecho sin precedentes orientado a salvaguardar los derechos económicos y el debido proceso de los colombianos, el Gobierno del Cambio puso freno a los cobros desproporcionados e irregulares mediante sistemas tecnológicos de tránsito.
A través de una rigurosa auditoría, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte destaparon un esquema de presuntas fallas técnicas que compromete la validez de más de 7,5 millones de comparendos en todo el territorio nacional, marcando un hito en la fiscalización de estos sistemas automáticos.
La gestión de la Superintendencia llevó a la apertura de investigaciones administrativas formales contra 37 organismos de tránsito municipales y distritales del país. La rigurosa inspección sacó a la luz que estas entidades operaron los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST) omitiendo la normativa obligatoria contemplada en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, detectándose fallas críticas como la falta de conceptos de desempeño vigentes expedidos por el Instituto Nacional de Metrología.
Sobre el alcance ético y técnico de esta intervención, la ministra María Fernanda Rojas, en rueda de prensa, fue enfática en señalar la posición del Ejecutivo frente al uso abusivo de estas herramientas:
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Las alarmas se encendieron al descubrir el modus operandi institucional de los entes territoriales investigados: 12 de ellos encendieron sus cámaras sin poseer siquiera la acreditación técnica de desempeño, 7 utilizaron documentos pertenecientes a terceras personas para justificar su operación, y otras 18 administraciones locales tramitaron el aval legal de manera tardía, mucho después de haber iniciado las capturas de imágenes y la imposición de las penalidades financieras.
El balance inmediato de la gestión arroja un alivio directo para el bolsillo de 1,4 millones de conductores, pues el Gobierno ordenó la revocación de oficio de 5.832.906 comparendos pendientes de cobro que han quedado sin validez legal. Paralelamente, la lupa rastrea 1.582.398 sanciones económicas que ya fueron pagadas por los administrados, lo cual configura una bolsa de recaudos por encima de los $1,05 billones de pesos que las alcaldías implicadas estarían obligadas a reintegrar a los afectados.
Las investigaciones pusieron en evidencia a grandes capitales con las cifras de infracciones más infladas: Cali encabeza el listado con 2,7 millones de comparendos bajo sospecha, seguida por Medellín con 717 mil, Bogotá con cerca de 294 mil y Barranquilla superando las 131 mil detecciones.
De confirmarse la totalidad de los cargos formulados, las autoridades de tránsito responsables no solo deberán reintegrar el dinero cobrado indebidamente, sino que encaran severas multas de ley equivalentes al doble del dinero captado, lo cual elevaría las sanciones globales por encima de los $2,1 billones de pesos.
