Judicializan a funcionarios de la DIAN señalados de favorecer el contrabando y exigir dinero a una empresaria

Las actividades ilícitas que se les atribuye habrían ocurrido en ejercicio de sus cargos en la sede de la entidad en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, judicializó a cuatro funcionarios de la Seccional La Guajira de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por posibles actuaciones ilícitas en el ejercicio de sus cargos.

Tres de los hoy procesados, identificados como Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, habrían ejercido presiones económicas y administrativas contra la representante legal de una clínica de salud mental, luego de identificar supuestas inconsistencias tributarias y contables durante procesos de fiscalización adelantados por la DIAN.

Los procesados venían exigiendo el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones superiores a los 1.500 millones de pesos. Los elementos materiales probatorios indican que la empresaria no desembolsó la suma solicitada y en retaliación fue afectada con embargos a las cuentas bancarias, requerimientos reiterados y expedición de actos administrativos en su contra. La Fiscalía documentó, al menos, seis reuniones entre los señalados implicados y la víctima, en dos de las cuales presuntamente hicieron peticiones de dinero.

El otro funcionario vinculado, de nombre Erwin Yasser Escudero Rondón, sería el encargado de alertar a una organización delincuencial dedicada a actividades de contrabando en la Troncal del Caribe sobre los operativos y controles aduaneros. Asimismo, se le atribuye la devolución de mercancía aprehendida por las autoridades y favorecer el tránsito de productos que ingresaban de manera ilegal al país a cambio de dádivas.

En el curso de la investigación se conocieron siete eventos delictivos en los que el funcionario habría participado en maniobras para alterar resultados operacionales mediante falsas incautaciones de cigarrillos y otras acciones orientadas a beneficiar estructuras de contrabando.