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20 junio 2026

Condenan a integrantes de red que explotaba a niños indígenas para mendicidad en Medellín

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Utilizaban a los menores de edad durante jornadas que se extendían hasta la madrugada para solicitar pañales, leche y otros productos que posteriormente eran revendidos en establecimientos de comercio.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, siete integrantes de un grupo delincuencial aceptaron su responsabilidad en la explotación de niños y niñas indígenas para actividades de mendicidad en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia).

Los involucrados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

En el curso de la investigación fueron documentados 10 eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que estas personas cumplieron diferentes roles en la instrumentalización de menores de edad de la comunidad indígena Emberá Katío para solicitar a turistas nacionales y extranjeros la compra de pañales, leche y otros productos, los cuales eran comercializados posteriormente.

López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, era una de las compradoras de los elementos de primera necesidad entregados por ciudadanos que daban muestras de generosidad, y coordinaba su reventa para obtener dinero. Por su parte, López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza recorrían diferentes sectores con bebés en brazos, exhibiendo carteles con mensajes alusivos a requerimientos básicos.

Entretanto, Godoy Villamizar cumplía funciones de transporte y comercialización de los artículos recibidos a través de esta modalidad de explotación.

Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos celebrados por estas personas y las condenó, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión.