MinEducación fortalece garantía del derecho a una educación libre de violencias y acoso sexual

El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 020310 del 31 de julio de 2026, mediante la cual actualiza las reglas que deberán cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) para prevenir, detectar, atender, investigar y sancionar las violencias basadas en género y el acoso sexual. La medida fortalece la garantía del derecho a una educación libre de discriminación y violencias, incorpora los avances de la Ley 2365 de 2024 y armoniza la regulación con los recientes desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

La nueva resolución deroga la Resolución 014466 de 2022 y responde a la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir estas violencias y brindar respuestas oportunas, eficaces y con enfoque de derechos. Para ello, incorpora estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, igualdad y debida diligencia reforzada.

Entre los principales avances, la normativa establece la obligación de que todas las instituciones adopten o actualicen políticas institucionales y protocolos con estándares mínimos para la prevención, detección, atención, investigación, sanción y reparación integral de las víctimas. Estas medidas deberán proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas y demás integrantes de la comunidad educativa, tanto en escenarios presenciales como virtuales y en todas las actividades relacionadas con la vida institucional.

«Garantizar el derecho a la educación significa garantizar que todas las personas puedan estudiar, enseñar y construir su proyecto de vida en espacios seguros, libres de violencias y de cualquier forma de discriminación. Con esta resolución fortalecemos las capacidades de las instituciones para prevenir, atender y sancionar estas conductas, porque la dignidad y la vida de quienes hacen parte de la comunidad educativa no son negociables», afirmó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas Medellín.

La resolución actualiza además las definiciones sobre las distintas manifestaciones de las violencias basadas en género, incluyendo el acoso sexual, la violencia académica, la violencia institucional, la violencia digital, la violencia simbólica, la violencia política por razón de género y la violencia por prejuicio, entre muchas otras. Asimismo, incorpora los enfoques de género, derechos humanos, interseccionalidad, diversidad sexual y de género, enfoque étnico y curso de vida, que orientarán la actuación de las instituciones.

Como parte del fortalecimiento institucional, la norma exige la implementación de rutas claras de atención, mecanismos confidenciales para la recepción de denuncias, equipos especializados, procesos permanentes de formación y sensibilización, asignación de recursos suficientes y estrategias de comunicación para garantizar que toda la comunidad educativa conozca los protocolos. También dispone la implementación de sistemas tecnológicos para el registro y seguimiento de los casos, con el fin de mejorar su trazabilidad y gestión.

La resolución incorpora, además, garantías específicas para promover la permanencia educativa y el respeto por la diversidad. En ese sentido, establece lineamientos para el reconocimiento del nombre identitario y de los pronombres de las personas trans, no binarias y con identidades de género no hegemónicas en los procesos académicos y administrativos; orienta el acceso a los espacios institucionales conforme a la identidad de género y reitera que ninguna institución podrá exigir la libreta militar como requisito para el ingreso o la graduación, en concordancia con la legislación vigente.

Otro de los avances es la incorporación de lineamientos para la atención institucional de las denuncias públicas o escrache. Cuando una institución conozca presuntos hechos de violencia basada en género deberá activar de oficio las rutas de atención e investigación, garantizando simultáneamente la protección de las víctimas, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Con esta decisión, el Ministerio de Educación Nacional fortalece las condiciones para que las instituciones educativas garanticen el acceso, la permanencia y la graduación en entornos seguros, respetuosos de la diversidad y libres de violencias. De esta manera, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la dignificación de la educación pública y con la construcción de comunidades educativas donde todas las personas puedan desarrollar plenamente sus proyectos de vida en condiciones de igualdad, respeto y dignidad.