Tercera audiencia pública para crear empresa oficial de servicios públicos de Cartagena

En esta sesión plenaria se realizó la tercera audiencia pública del proyecto de acuerdo 116 “Por el cual se crea la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena E.S.P., y se dictan otras disposiciones”. La primera audiencia pública debió aplazarse debido a problemas técnicos. La segunda audiencia, al haberse extendió las intervenciones ciudadanas, se programó continuar la sesión para otro día.

Iniciada la sesión se procedió con la audiencia pública proyectándose un video del ciudadano Arnoldo Rodríguez, en este, hizo un llamado a la cordura para sopesar los aspectos jurídicos, logísticos y operativos de la iniciativa. Rodríguez señaló que, aunque la reestructuración es necesaria tras dos décadas de bajas prestaciones y altos costos en agua y aseo, se debe viabilizar la participación de los usuarios con voz y voto en la junta directiva, destinar parte de las utilidades a un fondo pro-agua para épocas de sequía, reemplazar las tuberías de asbesto por sus riesgos térmicos y de contaminación, impulsar esquemas de agua comunitaria, construir un ducto de agua gruesa desde Paraguay para riego de zonas verdes en el norte y establecer un macrovivero biosostenible, concentrando además los esfuerzos en la recuperación de la Ciénaga de la Virgen.

El Observatorio del Concejo de Funcicar, señaló que acto seguido, tomó la palabra el gerente de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya, quien sustentó que las decisiones sobre acueducto y alcantarillado deben basarse en evidencia técnica y en la trayectoria de más de tres décadas del servicio. Montoya expuso que la infraestructura pasó de 789 km a 1.750 km en acueducto y de 541 km a 1.150 km en alcantarillado, elevando la cobertura de acueducto del 74% a niveles cercanos al 100% y la de alcantarillado del 60% al 89%. Asimismo, destacó el aumento de la capacidad de la planta El Bosque de 165.000 m³ a 322.000 m³ diarios, la reducción de pérdidas de agua del 70% al 43%, el incremento de la micromedición del 45% al 100% y una eficiencia del recaudo del 90%. Agregó que la Superintendencia de Servicios Públicos clasificó a la empresa en riesgo bajo con 94,39 puntos, mientras que Fitch Ratings ratificó su calificación en AAA con perspectiva estable. Respecto a la gestión comercial y financiera.

Reportó la atención a 350.000 usuarios y a 20.000 familias en 250 asentamientos informales, con una inversión acumulada superior a $600.000 millones. En el balance de 2025, indicó ingresos por $525.384 millones, una utilidad neta de $32.886 millones (6% sobre ingresos), dividendos distribuidos por $361.337 millones (50% correspondientes al Distrito) y pasivos por $433.938 millones, de los cuales $270.303 millones corresponden a deudas con la banca. Finalmente, anunció la ejecución de $62.000 millones en obras para completar el compromiso de $250.000 millones del otrosí de 2015, e invitó a abrir un diálogo social antes de tomar decisiones sobre el P.A. 116.

Seguido, la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor) sostuvo que la ciudad se debate entre la esperanza de una nueva entidad eficiente y la preocupación por repetir esquemas públicos del pasado, recordando que la etapa inicial del plan maestro arrancó con un capital de $2.400 millones —equivalentes a $12.000 millones a valores presentes— respaldado por créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Villalobos señaló que, a pesar de requerirse una inversión urgente de $250.000 millones, no se ha alcanzado ni el 70% de ejecución, mientras informes de la Contraloría evidencian un endeudamiento acumulado de $780.000 millones distribuido en 256 créditos bancarios, los cuales habrían sido destinados al pago de dividendos del socio privado. Asimismo, cuestionó la propuesta de invertir $500.000 millones frente a una red con 780 km de tuberías obsoletas que causan desabastecimiento continuo a más de 50.000 habitantes, criticó la figura de monopolio ejercida por el operador privado y reafirmó su voto favorable al proyecto en su condición de ponente para asegurar que las utilidades se reincorporen en inversión social.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) indicó que la creación de la empresa pública representa un reclamo de soberanía sobre el recurso hídrico para superar el modelo privatizador implantado en décadas anteriores. Córdoba expuso indicadores operativos de la empresa actual, detallando que de los 100 millones de metros cúbicos de agua producidos anualmente, el 43% se pierde o no se factura, registrándose 18 millones de metros cúbicos perdidos por fallas técnicas en 1.750 km de red, más de 100 daños mensuales y 13.200 intervenciones al año. Además, reprochó la afectación ambiental en la ciénaga de la Virgen por vertimientos en tuberías de descarga y cuestionó que se reporten utilidades por $331.000 millones sin un fortalecimiento proporcional de la infraestructura.

No obstante, Córdoba aclaró que no se opone a la entidad pública, pero solicitó el retiro temporal de la iniciativa para subsanar inconsistencias, sustentando su postura en cinco observaciones específicas: 1. Ausencia de un estudio demostrativo suficiente que justifique la viabilidad y conveniencia técnica del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. 2. Falta de claridad en la definición del modelo operativo respecto a los servicios que se prestarán de manera directa, por terceros o bajo esquemas mixtos. 3. Omisión de un plan de negocios robusto que acredite la sostenibilidad financiera, los costos reales de operación y las fuentes de financiación, según lo estipula el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. 4. Falta de precisión sobre las decisiones patrimoniales y contractuales, la valoración de los activos involucrados y los riesgos asumidos en la cesión de la posición contractual del distrito. 5. Necesidad de una planeación estructurada con reglas sólidas de gobierno corporativo que evite improvisaciones y proteja el patrimonio público.

A su turno, la concejal Gloria Estrada (Partido Liberal) expresó su desacuerdo con la solicitud de retiro del P.A. 116, manifestando su respaldo firme al alcalde Dumek Turbay en la recuperación de la capacidad institucional del distrito. Estrada sostuvo que la iniciativa se ajusta al marco de la Ley 142 de 1994 al estructurar una sociedad por acciones de carácter oficial 100% pública, garantizando que el patrimonio se mantenga bajo el control fiscal, disciplinario y político del Estado, y precisó que en esta etapa no se están aprobando contratos específicos ni enajenando bienes públicos.

Continuando con el debate, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Acuacar, asegurando que la iniciativa no busca su liquidación ni despidos masivos, sino una modificación en la composición societaria para que el distrito controle más del 90% de la entidad y evite el giro del 43% de las utilidades hacia el exterior. Toncel recordó las transiciones de socios operadores históricos, señaló que el contrato GISA contemplaba la transferencia de conocimiento al talento humano local e impugnó las cargas financieras impuestas a los constructores y compradores de vivienda para la ampliación de redes, así como las deficiencias en el servicio de recolección de residuos sólidos provocadas por el esquema monopolístico.

De igual forma, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) rememoró las acciones de control político adelantadas desde 2017 y afirmó que la inversión en infraestructura ha sido asumida mayoritariamente por el distrito a través de la tarifa pagada por los ciudadanos. Barrios recriminó las operaciones con empresas filiales como Aqualogic, los cobros del costo de gerenciamiento por más de $140.000 millones y la utilización de $780.000 millones en créditos bancarios para financiar dividendos y fondos de recuperación de capital. Asimismo, citó reportes de la interventoría Consorcio Acatal 2010 que advierten sobre incumplimientos en el plan de inversiones —alcanzando solo $181.000 millones a 2025 de los $250.000 millones requeridos—, calificó de ilegal el otrosí número tres del contrato GISA por violar la Ley 689 de 2001 y la Ley 1551 de 2012 sin autorización del Concejo, e instó a avanzar de forma rigurosa en la transición estatutaria asegurando la sustitución patronal de los trabajadores.

En representación de los trabajadores de Acuacar y del sindicato Sintraes, Orlando Arrieta exigió que el texto final del P.A. 116 incorpore explícitamente las garantías de sustitución patronal, el respeto a la convención colectiva de trabajo y la continuidad de la organización sindical, recordando los perjuicios sociales sufridos por los obreros durante la liquidación de las antiguas empresas públicas municipales hace 30 años.

Por su parte, el ciudadano Leonardo Jiménez expuso un análisis técnico señalando que la prestación de acueducto y alcantarillado constituye un monopolio natural con más de 314.000 usuarios de acueducto y 284.000 de alcantarillado, el cual generó en la última vigencia ingresos operacionales por $512.000 millones y un EBITDA superior a $112.000 millones. Jiménez sostuvo que la empresa registra ineficiencias al presentar un consumo no facturado de 11,8 m³ mensuales por usuario y un índice de pérdidas de agua no contabilizada del 43%, sobrepasando el límite legal del 30% fijado por la resolución CRA 151 y trasladando dichos costos a la tarifa de los usuarios. Además, remarcó que la inversión inicial del operador privado en 1994 fue de 2,2 millones de dólares —$6.000 millones a valor actual— frente a ingresos acumulados por $1,8 billones, una tasa interna de retorno del 43% y giros por $750.000 millones a fondos de recuperación de capital, lo que fundamenta la viabilidad financiera y la oportunidad de asumir la operación mediante una entidad pública.

Finalmente, el concejal David Caballero (Partido Conservador) ratificó el respaldo de su bancada al P.A. 116, argumentando que el propósito central de la administración distrital es dignificar los servicios de acueducto y alcantarillado. Caballero enfatizó que los $134.000 millones destinados a costos de gerenciamiento deben ser retenidos y reinvertidos en la ciudad, cuestionó las propuestas extemporáneas de inversión presentadas por el operador privado tras años de deficiencias operativas y afirmó que la corporación debe tomar decisiones con determinación para asegurar un servicio transparente y eficiente en favor de la ciudadanía.