Condenan a 55 años de prisión a mujer por captar a tres jóvenes que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Cauca

Las víctimas fueron contactadas con falsas promesas de trabajo y trasladadas a zona rural de Puracé (Cauca), donde las presentaron como integrantes de las Farc y dadas de baja en combate.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento itinerante de Popayán condenara a la pena de 55 años de prisión a Yarleny Muñoz Franco, quien participó en el crimen de tres jóvenes. Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2009, en zona rural de Puracé (Cauca).

La Fiscalía demostró que Muñoz Franco se encargó de contactar a los jóvenes, que se dedicaban a labores de construcción y pertenecían a una población vulnerable, y los convenció de desplazarse, para un supuesto trabajo, hasta la vereda Campamento en zona rural de Puracé. En ese lugar, el día de los hechos, fueron interceptados por tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército Nacional, quienes los asesinaron.

Posteriormente, los reportaron como integrantes de las Farc muertos en combate.

En el juicio oral se probó las víctimas estaban desarmadas y que no existió un enfrentamiento con las Fuerzas Militares. Además, se demostró que los jóvenes fueron ejecutados después de descender de un vehículo en el que se transportaban y que no pertenecían a una organización armada ilegal.

Al día siguiente, la hoy condenada se presentó ante una Unidad Militar, donde aseguró que pertenecía a la guerrilla y que las víctimas supuestamente eran sus compañeros. Por esta razón. consiguió una certificación del Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) y fue vinculada al programa de reintegración a la vida civil.

Dicha certificación le fue retirada en octubre de 2009, ya que se estableció que nunca perteneció al grupo armado ilegal del cual afirmó se había desmovilizado.

Por estos hechos, el juzgado la encontró responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y fraude procesal. Además, la condenó al pago de una multa de 4.074 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y la inhabilitó al ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Esta decisión quedó ejecutoriada. El juez de conocimiento emitió orden de captura inmediata para que Muñoz Franco cumpla su condena en centro penitenciario.

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