Confirman condena contra exrepresentante de Yapurutú por corrupción en la UNGRD

El sentenciado también suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en el que se compromete a aportar información relevante para el desarrollo de la investigación.

Luego de revisar los términos de un allanamiento de cargos del exrepresentante de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, Francisco Javier Estupiñán Bravo, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena en contra del procesado por los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, así como interés indebido en la celebración de contratos; y ajustó la pena a 9 años, 11 meses y 27 días de prisión.

Según la investigación, adelantada por un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el hoy sentenciado intervino en el direccionamiento y la adjudicación irregular de una orden de proveeduría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en favor de Yapurutú, la cual ascendió a 29.000 millones de pesos y tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques en La Guajira.

Asimismo, Estupiñán Bravo anexó una certificación que garantizaba la disponibilidad y entrega inmediata de los vehículos, información que no correspondía a la realidad. Con base en esos documentos, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 el procesado, junto con otros intervinientes, tramitó desembolsos por 25.375 millones de pesos, pese a que los carrotanques permanecían en etapa de ensamblaje.

Durante este proceso contractual se presentaron sobrecostos por 11.114 millones de pesos.

De este monto, el procesado y el representante legal de Yapurutú se apropiaron de 4.330 millones de pesos y favorecieron a terceros para que se quedaran con 6.784 millones de pesos adicionales.

Además de la pena impuesta, Estupiñán Bravo recibió una inhabilidad de 119,9 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas, además de dos multas: una de 5.000 millones de pesos por concepto de los dineros apropiados y otra equivalente a 82,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Principio de oportunidad

De otra parte, un juez de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad celebrado entre Estupiñán Bravo y la Fiscalía, en el que el procesado se comprometió a aportar información de otros intervinientes en los hechos de corrupción que se le atribuye, reparar económicamente los perjuicios causados y construir una obra de infraestructura conmemorativa para cada una de las comunidades indígenas reconocidas como víctimas

Con la colaboración cesa de manera parcial la acción penal en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y falsedad en documento privado.

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