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Los constructores de la polémica obra del edificio Aquarela afirmaron que no es cierto que exista recomendación de demolición de esa obra como lo han venido anunciando y promocionando la Procuraduría General de la Nación.
Señalan que a la fecha la Promotora Calle 47 SAS no ha recibido copia oficial del estudio adelantado por la SCI, las apreciaciones preliminares permiten concluir que se tomó información errónea e incompleta para la elaboración del estudio, que será rebatida en el marco del debido proceso.
En una carta el Alcalde de Cartagena William Dau, advierten sobre la necesidad de prevenir daño antijurídico que atentaría contra la economía del Distrito.
Mediante escrito radicado ante el Despacho del Alcalde Distrital, William Dau Chamat, Promotora Calle 47 SAS relaciona los cuatro (4) procesos judiciales en los que la Alcaldía de Cartagena hace parte en calidad de demandado, demandante o tercero con interés, los cuales mantienen su curso sin llegar a fallos definitivos frente al proyecto habitacional.
En línea con lo anterior, los abogados apoderados de Promotora Calle 47 SAS advierten al Ejecutivo, sobre el daño antijurídico que causaría cualquier intervención en la obra.
En la comunicación radicada este miércoles 24 de junio ante el despacho del primer mandatario distrital, se destaca la importancia de considerar el proceso contencioso-administrativo de nulidad y restablecimiento, mediante el cual se busca demostrar que los actos administrativos que sustentan el fallo policivo que ordena la restitución de 24m2 de superficie (que multiplicados por 25 pisos, totalizan 619m2) están viciados de nulidad, por cuanto dicho fallo se adoptó con base en pruebas no idóneas, descartando el informe técnico del IGAC, cuyos resultados permiten corroborar que el edificio se construye conforme a los planos aprobadas en la licencia de construcción.
En el documento radicado también se advierte de las flagrantes violaciones al debido proceso del que ha sido objeto el proyecto a lo largo de los procesos jurídicos en curso, donde se destaca la contratación por parte del Ministerio de Cultura de un informe con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, el cual fue adelantado al margen de los procesos legales y sin considerar la totalidad de los estudios técnicos del proyecto.
