Tecnologías de seguridad pública: clave para enfrentar criminalidad en Barranquilla
21 septiembre 2020Prosperidad Social inicia cuarto giro correspondiente a la Compensación del IVA
21 septiembre 2020
Bogotá, 21 de septiembre de 2020. La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 18 años al exalcalde de Turbaco, Bolívar, Myron Martínez Ramo (2012 – 2015), por irregularidades en la contratación y construcción de tres complejos deportivos en el municipio, por más de $1.215 millones.
Por los mismos hechos, también fueron sancionados con destitución los exsecretarios de Planeación, Yorleidis Patricia Marrugo Ballestas (2013 – 2014) y Raibert de Jesús López Gómez (2014 – 2016), así como el funcionario de esa misma dependencia, Omar Enrique Martínez Blanco, inhabilitados por 16, 14 y 12 años, respectivamente.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cartagena determinó que las obras fueron contratadas directamente, con lo que se eludió la convocatoria de una licitación pública. Igualmente, en la etapa de planeación se omitieron los estudios previos de los diseños y planos, insumos necesarios para que se determinara la viabilidad de los proyectos.
En la investigación se estableció que se presentaron sobrecostos en obras ejecutadas por $462 millones, y se reconocieron pagos por trabajos no realizados por $753 millones.
A juicio del órgano de control, los investigados no efectuaron una vigilancia debida sobre el desarrollo de los proyectos, y no exigieron al contratista la ejecución idónea y oportuna de los trabajos, por lo que vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
Por esos hechos, el Ministerio Público sancionó al exalcalde Myron Martínez Ramos, así como a Raibert de Jesús López Gómez y Omar Enrique Martínez Blanco por tres cargos disciplinarios, mientras que Yorleidis Patricia Marrugo
Ballestas fue sancionada por cinco cargos, todos calificados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia puede ser apelado por los investigados.