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- El Ministerio Público solicitó información sobre las acciones adelantadas para mejorar la prestación del servicio en la región.
- Las pequeñas agremiaciones, vocales de control, personeros municipales y comunidad en general expresaron sus inquietudes por las suspensiones e interrupciones del servicio que afectan gravemente la economía.
La Procuraduría General de la Nación recibió las quejas, inquietudes y comentarios de los ciudadanos frente a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la Costa Caribe, por lo que solicitó respuestas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y a los operadores Afinia y Air-e, sobre las irregularidades denunciadas.
En carta enviada a la Superservicios, Natasha Avendaño García; al director de la CREG, Jorge Alberto Valencia Marín, y a los gerentes Javier Lastra Fuscaldo (Afinia) y Jhon Jairo Toro (Air-e), el Ministerio Público pidió información sobre las acciones adelantadas para mejorar la prestación del servicio en la región. Adicionalmente, presentó la actuación preventiva adelantada y las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas con las comunidades en noviembre de 2021.
En estos espacios, las pequeñas agremiaciones, vocales de control, personeros municipales y comunidad en general expresaron sus inquietudes por las suspensiones e interrupciones del servicio que afectan gravemente la economía; inconformidades en la facturación; falta de claridad en el procedimiento de cobro, y la preocupación por las conexiones fraudulentas que implican que esos consumos lleguen a los usuarios legalizados.
La Procuraduría advirtió que los ciudadanos tenían gran expectativa por la llegada de los nuevos operadores en reemplazo de Electricaribe, no obstante, evidenció alto grado de desconfianza debido a que los clientes finales no perciben cambios en las condiciones del servicio.
El órgano de control también dio a conocer las inconformidades presentadas por los veedores ciudadanos en las sesiones de diálogo, entre ellas, la desconfianza en relación con el proceso de instalación de los medidores inteligentes, donde se encontraron quejas de facturas que ascienden al millón de pesos para estratos dos y tres.
