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El Consejo Gremial de Bolívar defendió la transparencia del proceso de la APP Canal del Dique, tras argumentar que el mismo se hizo durante 12 años con estudios muy serios e instó al gobierno nacional a cumplir con los plazos establecidos en el cronograma y proceder con la adjudicación, por los altos beneficios sociales, ambientales y económicos que representa para las más de 1.5 millones de personas que se encuentran en zonas aledañas de Bolívar, Atlántico y Sucre.
En un comunicado señala que el futuro de Cartagena de Indias, norte de Bolívar, sur del Atlántico, norte de Sucre y del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo depende de las obras en el Canal del Dique: Está en juego el futuro del territorio y la competitividad del país.
De tener éxito la oposición a la adjudicación de la APP del Canal del Dique, se incrementarán los daños ambientales y se impactará negativamente la calidad de vida y las condiciones económicas de nuestra región. Está en juego la vida, el futuro del territorio y la competitividad del país.
A continuación, lo explicamos:
• Las poblaciones que ocupan la planicie adyacente al Canal del Dique están expuestas a las inundaciones provocadas por las crecientes del río y las lluvias. Este peligro está asociado al ciclo del agua, la elevación del nivel del mar, las modificaciones a las orillas, los cambios desde la rectificación del canal, los procesos meteorológicos, la poca capacidad del cauce con relación al agua que se desvía del río Magdalena, y todo esto agudizado con el cambio climático. Como la planicie del Dique abarca 1.600 km 2, significa que un décimo de las aguas del río debe circular por un área 171 veces más pequeña que la cuenca que las produce (ONU Hábitat, 2017). Justamente, esta fue la principal problemática que originó el proyecto, siendo uno de sus objetivos el control de inundaciones y del nivel de aguas del canal.
• Durante las épocas de sequía, el agua salada del Mar Caribe ingresa al Canal del Dique afectando la calidad del agua dulce de uso doméstico y agropecuario de las poblaciones allí asentadas, así como a la fauna y la flora. En mediciones realizadas por Cardique en 2016, luego del Fenómeno del Niño, se evidenció que en algunas zonas del Canal había presencia de salinidad, cuando en condiciones normales la salinidad superficial del Dique es de cero. Este fenómeno puede afectar gravemente a los acueductos de la región, y pone en alto riesgo la disponibilidad de agua potable para toda la ciudad de Cartagena de Indias. La construcción de las esclusas busca regular la dilución del agua de mar y del río, y por lo tanto, controla también la intrusión salina al Dique.
• Las ampliaciones y rectificaciones que ha recibido el canal del Dique desde su primera construcción en S.XVII han aumentado significativamente los aportes de sedimentos del Canal del Dique a la Bahía de Cartagena; en la última década el incremento se estima en un 48% (BASIC, 2021). El impacto se ha extendido a la bahía de Barbacoas y a los arrecifes vecinos del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. La continua sedimentación ahoga los corales y estimula el crecimiento exagerado de algas (PNN, 2020).
• El Canal del Dique también contribuye a la contaminación de estos ecosistemas con el vertimiento de metales pesados como cadmio, níquel, plomo, cobre, arsénico y zinc, adicionales a vertimientos de coliformes, excesos de nutrientes y la deficiencia de oxígeno (BASIC, 2021). Desde los años 80, se han evidenciado los cambios en la composición arrecifal debido a las descargas fluviales del Canal del Dique, explicado tanto por los sedimentos como por la calidad del agua (PNN, 2020). En este sentido, existe una sentencia de 2020 proferida por el Consejo de Estado que obliga a los gobiernos nacional y distrital, y a otros actores, a recuperar la Bahía de Cartagena.
• También las ciénagas han perdido su capacidad amortiguadora debido a la desecación y las obstrucciones en los canales o caños de interconexión río-ciénagas.
Como resultado, más caudal corre por el mismo cauce, el agua tiene menos espacio para explayarse por lo que se eleva su altura y el nivel de desbordamiento se alcanza más frecuentemente. Algunas de las causas asociadas con esta problemática tienen que ver con los dragados que afectan las orillas y conexiones con las ciénagas, las intervenciones a las ciénagas para formar playones, y los rellenos para ocupación de orillas del río y ciénagas. Es vital la regulación activa del ingreso de caudales al sistema, entre otros, porque la creciente renueva conexiones con las ciénagas y sus aguas, restaura ecosistemas y da más espacio para el levante de especies acuáticas, favoreciendo la actividad pesquera de la comunidad (ONU Hábitat, 2017).
• La evaluación socioeconómica del proyecto contempla la generación de nuevas oportunidades: ahorro en costos por prevención de inundaciones catastróficas, desarrollo de actividades agrícolas por menor riesgo de inundación y las posibilidades de riego, ahorro en costos de transporte de carga, generación de empleo local en las obras previstas(estimado en 61.766 empleos directos e indirectos), mayor desarrollo de actividades turísticas en las zonas aledañas (actividades bioculturales, y para el caso de Cartagena, se proyecta mejora en la condición de playas), incremento de producción pesquera, disminución de emisiones de CO2 (transporte fluvial vs carretero), recuperación y mantenimiento de funciones ecológicas deseadas como el abastecimiento de agua para usos de la comunidad y garantía de recursos hídrico para los ecosistemas (ANI, 2021).
• La Justicia Especial para la Paz ha solicitado información sobre el proyecto para realizar recomendaciones en el marco de su actuación en clave de verdad, justicia y reparación. En este sentido, las obras previstas al controlar el acceso de caudales facilitarán las actividades forenses en la zona; por otra parte, se espera que el proyecto contribuya a la conformación y el fortalecimiento de los espacios de seguimiento y desarrollo de la subregión, así como su articulación con las instancias encargadas de esclarecer y atender estos hechos que tienen un alto valor social.
• El proyecto tiene 9 (de 10) objetivos ambientales y sociales, el décimo contempla el cumplimiento de los primeros nueve sin cerrarla navegabilidad. No obstante, algunas navieras se oponen al proyecto porque consideran que al construir las esclusas se restringe la capacidad de carga del Canal del Dique. Sin embargo, el diseño del proyecto contempló la manera en que se efectúa la navegación fluvial en el presente y se proyectaron escenarios a 100 años, para lo cual se estableció como óptimo un tamaño de esclusas que permitieran el paso de convoyes de seis barcazas (2×3). Sin duda, estas navieras prefieren no asumir el costo del fraccionamiento de convoyes más grandes o de operar embarcaciones bajo el tamaño de diseño, y proponen mantener la situación actual de no limitar la capacidad de carga actual del Canal, o realizar un proyecto más costoso pensado principalmente para el movimiento de carga.
El más reciente argumento en contra de la APP del Canal del Dique es la adjudicación a tres días del cambio de gobierno, sin embargo, el proyecto ha surtido un proceso riguroso en su diseño, estructuración, participación y licitación, que ha tomado hasta el momento 3 períodos presidenciales. El proyecto se priorizó tras la ola invernal de 2010, por las emergencias invernales y las rupturas del Dique, y su diseño fue solicitado en 2013 por el
Fondo Adaptación a una de las firmas de ingeniería con mayor solidez técnica y experiencia del mundo, la holandesa Royal HaskoningDHV. En 2015 se recibieron los diseños, y en 2017 inició la estructuración. El Gobierno actual logró concluir 16 consultas previas, cerrar la estructuración del proyecto, y abrir la licitación internacional.
Por lo anterior, reiteramos nuestro agradecimiento con el Gobierno Nacional, sus funcionarios y todas las personas que han contribuido a lograr que, tras 12 años de trabajo, finalmente hoy las obras del Canal del Dique se encuentren próximas a ser una realidad. Si la propuesta recibida cumple con todos los requisitos de ley, instamos al Gobierno a cumplir con los plazos establecidos en el cronograma y proceder con la adjudicación.
La implementación de la APP Canal del Dique traerá importantes beneficios sociales, ambientales y económicos a las comunidades aledañas. El proyecto beneficiará a 1.5 millones de personas en ocho municipios del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez municipios de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un municipio de Sucre (San Onofre).