Tres retrocesos en transparencia traería Reforma política

• Transparencia por Colombia destaca el interés del gobierno y distintos partidos por impulsar una reforma al sistema político, pues es una medida que podría contribuir a enfrentar la corrupción política en el país.

• Sin embargo, en el texto que fue aprobado para discusión en plenaria del Senado se identifican por lo menos tres posibles retrocesos: en materia de transparencia del financiamiento de partidos y campañas políticas, en el cambio en la regulación de los conflictos de interés de los congresistas, y en el equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo.

• Se hace un llamado al Senado a analizar a profundidad estas alertas y a convocar una audiencia pública para discutir el texto aprobado en Comisión Primera, que acumula distintas iniciativas de reforma constitucional.

Transparencia por Colombia destaca el interés del gobierno y otras fuerzas políticas por impulsar una reforma política. Esta medida es considerada como una tarea pendiente para cerrar las oportunidades a la corrupción política y modificar algunas de las bases del sistema político colombiano. Sin embargo, llaman la atención por lo menos tres aspectos del proyecto de reforma constitucional que ya fue aprobada en primer debate, pues podrían resultar inconvenientes y más bien generar mayor opacidad y riesgos a la transparencia del sistema político.

1. Riesgo de retroceso en la transparencia del financiamiento de partidos y campañas políticas

El proyecto propone crear un “Fondo de Financiación de Campañas y Partidos Políticos”, que sería integrado por recursos estatales y aportes privados, y deja a discreción de los particulares reportar a ese Fondo la destinación específica de dichos recursos. Esta propuesta va en contra de la obligación vigente que tienen todos los financiadores a campañas sobre rendir cuentas sus aportes, tal como lo contempla la ley 1864 de 2016, y pondría en riesgo la transparencia y trazabilidad del financiamiento privado. Al proponer modificar el artículo 109 de la Constitución Política, el texto deja por fuera la obligación de las organizaciones políticas y de los candidatos a rendir cuentas sobre el origen, el monto y la destinación de los recursos de campaña.

También, al unificar la financiación estatal y privada en un solo Fondo, la reforma podría limitar el derecho de participación política de cualquier persona a aportar a la campaña de su preferencia, lo cual ya ha sido reconocido por la Corte Constitucional como válido en su sentencia 1153-2005. Al respecto, resultaría más conveniente considerar la creación de un registro de los aportantes privados a las campañas, tal como lo contemplaban otros proyectos de reforma política, pero no la entrega de recursos privados a dicho Fondo.

2. Riesgos de retroceso en regulación de conflictos de interés de los congresistas

El proyecto de reforma política propone que, “en lo relacionado con la financiación de las campañas políticas con recursos de origen privado, no habrá lugar a que se configure el conflicto de intereses sobre un congresista individualmente considerado, de manera personal, particular y directa, en ejercicio de la representación legítima de sus electores”. Esta propuesta no solamente es altamente inconveniente para la transparencia de la gestión legislativa, pues avalaría abiertamente que la financiación de campañas sea el criterio preponderante en la actuación de los congresistas por encima de los intereses generales de la sociedad, sino que además sería abiertamente inconstitucional.

Al respecto, el artículo 182 de la Constitución Política obliga a los congresistas a poner en conocimiento las situaciones que pueden generarles conflicto de interés y de inhibirse de estas discusiones; así mismo, la Ley 5 de 1992 establece los tipos de conflicto de interés de los miembros del Congreso y, por medio de la Ley 2003 de 2019, se reconoce la necesidad de presentar el informe de ingresos y gastos de campaña de cada congresista como instrumento para hacer visibles sus potenciales conflictos de interés con financiadores. La existencia del conflicto de interés que se genera entre los congresistas y sus financiadores es retomada por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-302-2021, donde una vez más se reitera la obligatoriedad de declararse impedido de las discusiones en las que se puedan presentar dichos conflictos.

3. Riesgo al equilibrio de poderes por cambios en inhabilidades de congresistas

Aunque el respeto por el equilibrio de poderes fue considerado como una prioridad durante la campaña presidencial del gobierno actual, llama la atención que el proyecto de acto legislativo, que fue apoyado por el Ministerio del Interior en el primer debate, genere un riesgo de intromisión indebida entre poderes públicos al proponer como excepción del sistema de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas su tránsito inmediato al servicio público con tan solo una renuncia al legislativo.

Esta excepción podría configurar una puerta giratoria que desdibuje la independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y generar conflictos de intereses en la labor de control político del Congreso hacia el Gobierno nacional. Es importante destacar que este punto fue incorporado en el proyecto de acto legislativo radicado por el Gobierno y no se encontraba en las propuestas de reforma política lideradas por otras fuerzas políticas.

Si bien en el informe de ponencia de este proyecto de acto legislativo se indica que la propuesta de articulado surge de la acumulación de los tres proyectos ya discutidos el pasado 5 de septiembre, la revisión detallada de su contenido muestra que hay temas que no estaban en ninguno de los otros proyectos, por lo cual desde Transparencia por Colombia hacemos un llamado para que estos puntos sean objeto de una audiencia pública de participación ciudadana.

Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “estas propuestas implicarían un retroceso en la rendición de cuentas de la financiación de la política y en la transparencia de la actividad legislativa”.

“Aún está pendiente ver una apuesta de reforma política que apunte más decididamente a incrementar la transparencia, el fortalecimiento del sistema de partidos y de los órganos electorales, y la sanción oportuna por irregularidades en el financiamiento de la política”.