14 masacres con la fuerza pública en Montes de María: Salvatore Mancuso
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El exparamilitar Salvatore Mancuso reconoció que el asesinato del alcalde del municipio de El Roble, Sucre, Eudaldo «Tito» Díaz, fue obra de ellos una vez el mismo gobierno le retiró el esquema de seguridad.
En su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; señaló: “fue una solicitud directa (…) sé que en un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”.
El asesinato del alcalde Diaz se produjo el 10 de abril de 2003, por un comando paramilitar y tras denunciar en presencia del propio presidente de ese entonces Álvaro Uribe Vélez, que lo iban a asesinar, como ocurrió efectivamente.
Sobre el apoyo de Fedegán, Mancuso reiteró que «con Jorge Visbal Martelo hubo muchas reuniones. (…) Y con el gerente del Fondo Ganadero de Córdoba, Rodrigo García Caicedo, y casi siempre con Sabas Pretelt, quien era asiduo visitante de los campamentos de Castaño».
«En esas reuniones Jorge Visbal Martelo solicitaba la presencia de autodefensas. En Montes de María en un momento me dijo: ‘Oye tengo la finca ahí y por allá no están llegando los muchachos tuyos’. Inmediatamente di la orden para extender el área operaciones», dijo Mancuso.
▶️ Con respecto a acuerdos con Ecopetrol, Mancuso agregó que «nos entregaban información del itinerario de bombeo y tipo de combustible. (…) Hubo operaciones en los Montes de María con extracción de combustible acompañados de miembros de la fuerza pública».
▶️ Mancuso agregó que Ecopetrol se beneficiaba porque los paramilitares _»empezábamos a hacer presencia en las zonas donde la guerrilla dinamitaba los oleoductos, disminuyendo estas acciones»._
▶️ Sobre el asesinato del presidente de la USO, Aury Sará Marrugo, en 2001, en Bolívar, Mancuso relató que _»eso fue producto de una orden directa de Carlos Castaño contra Sará Marrugo bajo la acusación de ser un miembro del frente Jaime Bateman Cayón del ELN»._
Sobre el apoyo de las empresas bananeras a través de impuestos, Mancuso precisó que el centavo de dólar que le correspondía a la fuerza pública se administraba a través de las Convivir y dijo que luego podría precisar nombres de quienes recibían este dinero.
▶️ Frente a los acuerdos con empresas Mancuso dijo que Postobón _»pagaba 10 millones de pesos mensuales a través de un acuerdo directo»._ Y, que Bavaria, se beneficiaba de poder distribuir donde operaban lo paramilitares.
▶️ Sobre el asesinato de sindicalistas de la Drummond, Mancuso dijo también asesinaron a Cándido Méndez y Gustavo Soler, y agregó que «además de James Atkins, había otras personas, entre coroneles y mayores, que fueron los que pasaron la información».
Respecto a la cooptación de la administración pública, Mancuso señaló que «el personero de Tierralta, Carlos Londoño, era miembro de las AUC. Hubo muchos personeros, en diferentes regiones, (que) tuvieron vinculación. Siempre protegían los intereses de las autodefensas».
▶️ En relación a los acuerdos con entes judiciales, Mancuso dijo que «con la Fiscalía tuvimos relaciones a muy alto nivel, incluso a nivel de fiscal generales de la Nación. A través de ellos nombramos a Rosalba Negrete, directora del CTI, Ana María Flórez, Magali Moreno».
▶️ «Hubo acuerdos para que no se persiguiera a las autodefensas, para que se archivaran muchos casos y se desvirtuaran otros. Sí, hubo todo ese tipo de actuaciones. Incluso en Norte de Santander falsos positivos se hicieron con la Fiscalía», agregó Mancuso.
▶️ Sobre pactos con funcionarios judiciales, Mancuso resaltó que «en Medellín, hubo un ataque violento de autodefensas contra funcionarios públicos del CTI por investigaciones que tienen que ver con la decisión de muertes de defensores de derechos humanos».
“Las fiscalías especializadas son las que se encargaban del tema que tenía que ver con paramilitarismo (…) casi todas las personas que capturaban de las autodefensas salían de las cárceles”, respondió Mancuso cuando le preguntaron por los vínculos con la rama jurisdiccional.
▶️ ¿Se tuvieron relaciones, vínculos de esta naturaleza con la Defensoría de Pueblo?, preguntó el magistrado Pedro Díaz. “A nivel departamental y nacional se tuvieron relaciones con la Defensoría del Pueblo”, respondió Mancuso y añadió: “pero no acciones del tipo delictivo”.
▶️ “¿Existieron acuerdos entre las AUC y miembros de la Fiscalía, orientados a dirigir actos delictivos contra los funcionarios que investigaban actividades de los paramilitares?”, preguntó el magistrado Díaz a Mancuso: “hubo infiltración nuestra a la Fiscalía, hubo apoyo de la Fiscalía a nosotros”, respondió.
▶️ “Recordemos que Carlos Aguilar Echeverry, a quien le decían ‘Rogelio’ de la Oficina de Envigado, fue investigador del CTI (…) él era una de las personas que reportaba inteligencia permanentemente”, agregó Mancuso y precisó que también participaron integrantes de la Policía.
▶️ “Recordemos al coronel Santoyo. Además, fue parte de la escolta del presidente Uribe. Recordemos el caso del mismo DAS con información que nos daba José Miguel Narváez (…) estos temas, es importante que los toquemos en la sesión privada”, le pidió Mancuso a la magistratura de la JEP.
▶️ Mancuso aseguró que las AUC “actuamos contra personas que tenían que ver con el gremio del periodismo (…) periodistas que, de alguna u otra manera, atacaban de manera abierta y frontal las alianzas que teníamos con la fuerza pública y con las instituciones del Estado”.
▶️ Mancuso también se refirió a las intimidaciones a las que fueron sometidos los periodistas Jaime Rengifo Ravelo y Gustavo Rafael Ruiz Cantillo, así como las informaciones suministradas a las AUC por José Miguel Narváez, subdirector del DAS, sobre Gonzalo Guillen y Jaime Garzón.
▶️ “¿Quién aportaba la inteligencia para saber dónde estaba el periodista, qué lugares frecuentaba?”, le preguntó el magistrado Díaz a Mancuso. “Esa información venía del DAS, de organismos de inteligencia de Policía, de organismos de inteligencia de Ejército como la Brigada XX”, respondió.