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El Concejo de Cartagena realizó una audiencia pública, para analizar el proyecto de Acuerdo 207 «por el cual se implementa y se institucionaliza el bus turístico de la ciudad de Cartagena denominado «chiva rumbera”, para fomentar el turismo e impulsar la reactividad económica y cultural del distrito de Cartagena.»
La sesión se inició con la intervención de Jesús Puello, presidente de la Junta de Acción Comunal de Castillogrande, quien argumentó que el Proyecto de Acuerdo era innecesario. Afirmó que las «chivas rumberas» han estado operando durante muchos años y que su institucionalización no es esencial. Puello expresó preocupaciones sobre el abuso y la falta de regulación de chivas, que operan ilegalmente, generando ruido y molestias en la comunidad.
La ciudadana Patricia Racero, señaló que los residentes de Bocagrande, Castillogrande y Laguito (BOCALA) se ven afectados por esta actividad debido a su falta de regulación. Mencionó que estas chivas comienzan a recoger pasajeros temprano en la mañana y atraen a vendedores ambulantes. Racero advirtió que, si no se controla a tiempo, el problema podría crecer de manera similar al mototaxismo.
El concejal Cesar Pión hizo hincapié en que las administraciones anteriores no habían gestionado adecuadamente esta situación. Destacó que Cartagena tiene una alta tasa de trabajo informal y argumentó que la solución no es prohibir las chivas rumberas, sino regularlas. Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, se opuso al Proyecto de Acuerdo y enfatizó que no estaban en contra del patrimonio turístico, pero exigían un mayor control. También solicitó una audiencia pública en BOCALA para abordar los problemas que afectaban a esos barrios.
El ciudadano Jorge Galeano argumentó que el turismo debía ser organizado adecuadamente y sugirió desarrollar un proyecto para institucionalizar el turismo como una fuente de ingresos estable para la ciudad. Además, señaló que el decreto 1101 de 2019, que regulaba las chivas, no era conocido por los conductores de los nuevos vehículos. El ciudadano Ramón Morales propuso establecer criterios claros para determinar qué vehículos podían funcionar como chivas turísticas y sugirió citar al director del DATT para obtener información sobre el proyecto de peatonalización de vías en el parque Centenario y la vía Medialuna.
Finalmente, se leyó un comunicado en el cual el director del IPCC, Oscar Uriza, designó a Claudia Guzmán como su representante en la audiencia pública. Guzmán presentó un concepto del IPCC en el cual se advirtieron las posibles consecuencias negativas de actividades sin una regulación adecuada, como en el caso de las chivas rumberas. La circulación de estas había provocado efectos adversos, como el ruido en algunos casos. Por lo tanto, sugirieron considerar regulaciones a la actividad a través de mesas inclusivas y transversales y consensos colectivos.
