Adulteraban medicamentos contra el cáncer y enfermedades de alto costo

• Los elementos de prueba indican que los productos, al parecer, eran comercializados en droguerías e institutos de salud de la Costa Atlántica y el centro del país.

• De igual manera, se estableció que la estructura ilegal también distribuía, de manera clandestina y sin los permisos de ley, medicamentos que generan adicción o dependencia.

La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional pusieron en evidencia a una red ilegal que sería la responsable de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Medellín (Antioquia),
Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).
La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Posteriormente, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.

Durante la investigación se conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.

De igual forma, se estableció que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial.

En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron capturados 11 señalados integrantes de la estructura. En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos
o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos.

Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para
delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.

Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.

Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización. Ellos son:

• Pedro Rafael Negrete Daguer.
• Jorge David Figueroa Beltrán.
• Jesús Alberto Negrete Marrugo.
• Orlando José Laguna Ortiz.
• Mary Luz Hernández Moreno.
• Giovanny Montoya Márquez.
• Cristian Camilo Orrego Monsalve.
• Javier Alberto Henao Orrego.
• Nora Nancy Martínez Bustamante.
• Rubén Darío Ramírez Ramírez.