Afectados tres clanes familiares por blanqueo de capitales producto del tráfico de estupefacientes

● Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos.

● Los siete procesados fueron imputados por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

La Fiscalía General de la Nación afectó a tres organizaciones ilegales dedicadas al blanqueo de capitales, que estarían vinculados con el tráfico transnacional de estupefacientes de redes criminales en Turbo (Antioquia), que enviaban cargamentos a Holanda y Bélgica en Europa.

La investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció la existencia de los clanes familiares: ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’, cuyos integrantes se encargarían de coordinar las acciones para dar apariencia de legalidad a los dineros.

Uniformados del SIU DIRAN fueron los encargados de capturar en el Urabá antioqueño a Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias El Viejo; Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.

Estas personas fueron imputadas, según sus eventuales responsabilidades individuales, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Actividades de policía judicial como seguimientos a personas, rastreos en bases de datos, entre otras labores, determinaron que dichas conductas habrían sido cometidas 2015 y 2020. En este período, los procesados presuntamente constituyeron sociedades agrícolas e inmobiliarias; y adquirieron inmuebles y vehículos para burlar la acción de las autoridades y dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas.

Estas actividades habrían reportado para las redes criminales incrementos patrimoniales cercanos a los 44.000 millones de pesos. Por petición de la Fiscalía, el juez con función del control de garantías impuso a los investigados, medida de aseguramiento en centro carcelario.