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Cartagena de Indias, D. T. y C., 21 de octubre de 2020.- El alcalde, William Dau Chamat, envió hoy una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solicitando una hoja de ruta que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público, teniendo siempre como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe.
El costo de la demolición de este edificio puede oscilar entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la Administración Distrital.
El mandatario precisó que tumbará el edificio Aquarela, junto a las autoridades y anunció que el pasado martes 20 de octubre tuvo un diálogo sobre el tema con la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, la subdirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la dirección de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial, para avanzar en la organización del proceso de demolición de esta edificación.
En el marco del convenio suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la Administración local recibió el concepto jurídico sobre el caso Aquarela.
Entre sus recomendaciones, la ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción.
Por esta razón, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además, se indica que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable.
