Alertan sobre construcción de seis rascacielos en el barrio Torices de Cartagena

Una alerta sobre la construcción de seis rascacielos en el barrio Torices de Cartagena lanzó el abogado especialista en Derecho Público Agustín Leal Jerez.

Los más de 1.200 apartamentos que tendrán estas edificaciones de 33 pisos cada una y bajo la modalidad de Vivienda de Interés Social VIS impactarán de manera negativa entre los habitantes de este barrio cartagenero, en materia de servicios públicos, movilidad y medio ambiente, solo por mencionar algunos.

En dialogo con Mundo Noticias Leal Jerez, con amplia experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Construcción Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, manifestó que no se explica cómo las curadurías urbanas de Cartagena, especialmente la número 1, otorgaron licencias de construcción a estas edificaciones que ya están generando inconvenientes a los vecinos.

Señala que lo que está sucediendo en el barrio Torices a la vista de las autoridades distritales, es sencillamente catastrófico y pide al alcalde William Dau «parar este desastre».

El abogado Leal Jerez, le facilitó a Mundo Noticias la columna publicada en el portal Metro llamada «La catástrofe urbanística del barrio Torices»

«En varias columnas anteriores hemos destacado el papel que juega la industria de la construcción, especialmente la Vivienda de Interés Social -VIS, en el desarrollo de la economía y la generación de empleo de un país, sobre todo en épocas de crisis como la actual.

Hoy, ante la dinámica que trae la nueva Ley de Vivienda para el sector, y las flaquezas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 en la materia (leer ‘La crisis inmobiliaria en Cartagena y el Plan de Desarrollo‘), se hace necesario que el sector privado sea protagonista principal en el jalonamiento de estas políticas, pero, desde luego, respetando la normatividad urbanística y la sostenibilidad ambiental que toda ciudad bien ordenada debe ostentar.

Lo que está sucediendo en el barrio Torices de la ciudad, a la vista de las autoridades distritales, dirigentes políticos, cívicos y gremiales, es sencillamente, catastrófico. La habilidad perversa de algunos funcionarios de administraciones distritales pasadas, la falta de escrúpulos de funcionarios de una de las Curadurías Urbanas y la ignorancia supina de esta Administración en temas de urbanismo y de ciudad, han pasado factura al urbanismo del barrio Torices, uno de los mejores ubicados de Cartagena. Sus habitantes están viviendo una verdadera pesadilla kafkiana: se acuestan en un barrio tranquilo, horizontal, de poca densidad, y amanecen con un rascacielos de vecino, lleno de turistas, ruidos de toda clase, trabajadoras sexuales formales e informales, sus calles congestionadas de vehículos, algunos parqueados en los andenes de su casa, y los olores nauseabundos que expiden las alcantarillas rebosadas por la sobrecarga poblacional y las escorrentías de aguas negras a lo largo y ancho de todas sus calles.

En unos pocos años, por una jugada maestra de la Secretaría de Planeación Distrital en contubernio con Corvivienda y funcionarios de una Curaduría de la ciudad, con la expedición de la famosa Circular del 10 de Diciembre de 2013 (Que, en teoría, autorizaba viviendas VIS en altura en cualquier parte de la ciudad), han duplicado la densidad poblacional de un sector del barrio Torices, que no supera las cuatro manzanas, aún en contra de lo preceptuado en la providencia judicial que suspendió la construcción del edificio Aquarela y conceptos posteriores emitidos por la misma Secretaría de Planeación, a través del oficio AMC-OFI-0058039-2018, y por la División de Espacio Urbano y Territorio del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en concepto del 24 de abril de 2018.

En la actualidad, existen en el barrio seis proyectos de rascacielos para vivienda Vis multifamiliar, a saber: Acualina, Acualina 2, Torre Primi, Urbis 48, Lagos del cabrero y Sunset 47, unos ejecutados y otros en ejecución. Toda esta carga poblacional adicional con las mismas proyecciones de servicios públicos, equipamientos, movilidad y espacio público para un barrio de baja densidad concebido por el Plan de Ordenamiento Territorial Distrital del año 2001.

Y esto, claro está, ha traído como efecto el jalonamiento de la carga urbanístico de este asentamiento a su punto más crítico. A manera de ejemplo, y de forma aleatoria, tomemos el proyecto Torre Primi: en un área de 1.117 m2 se construyen 180 apartamentos en una altura de 33 pisos y 18 parqueaderos. Es decir: en el área de construcción arriba señalada se aumenta la densidad poblacional del barrio en 900 personas, habida cuenta que, en teoría, por cada apartamento se proyectan cinco ocupantes. Sin perder de vista otro hecho grave: que, en promedio, más del 50% de sus residentes posee vehículo automotor, lo que conlleva a parquear en las vías públicas y andenes más de 60 vehículos, con el consiguiente impacto sobre la movilidad del barrio y de la ciudad.

Así las cosas, el bum urbanístico impulsado por ávidos constructores, en su mayoría foráneos, no es sustentable ni urbanística y ambientalmente. Este crecimiento caótico puede tener impactos serios en el mercado inmobiliario a corto plazo por la depreciación del valor del metro cuadrado. Un ejemplo claro es el barrio El Laguito, donde, por la década de los 80, era el metro cuadrado más caro de la ciudad, y por similares razones a las que acusa hoy el barrio Torices dejó de ser un barrio residencial de lujo para dar paso al prostíbulo y olla del microtráfico del turismo criollo e internacional que es hoy en día.

Hay noticias de que vienen más proyectos parecidos, ahora bajo la modalidad de la figura de los planes parciales. De acuerdo con lo que se ha podido establecer, hay proyectos de planes parciales de renovación urbana que no solo pretenden seguir aumentando la densidad del barrio sin las adecuadas determinantes urbanísticas sino que, además, buscan reubicar o reordenar varios asentamientos informales a lo largo de los cuerpos de agua interiores para ser aprovechados por particulares. Y lo peor de todo esto es que nadie en el barrio conoce la existencia de estos instrumentos.

Ante la osadía de algunos funcionarios distritales y la tozudez de funcionarios de una de las Curadurías Urbanas recomendamos respetuosamente al señor alcalde, “el padre de los cartageneros y cartageneras”, como últimamente se ha proclamado, tomar las medidas necesarias para parar este desastre.

En Barranquilla, donde siempre ha habido alcalde, ante un problema parecido con el caos en la implantación de estaciones de servicios, en un acto de autoridad, a través de decreto, se prohibió la expedición de certificados de uso del suelo con este fin, lo que en la práctica impidió la expedición de licenciamientos a estaciones de servicio. El acto fue demandado y el Consejo de Estado, Sección Primera, con el radicado: 08001-23-31-000-2004-02044-0, en fallo del 12 de mayo de 2016, le dio la razón a la administración distrital.

Volviendo al caso de Cartagena, felicitamos la valentía y patriotismo del ciudadano Andi Herrera Simancas, quien está dando la batalla para parar este adefesio y nos colaboró con valiosa información para realizar esta columna.

Catilinaria: ¿quién me da razón de la gerente de la Ciudad nombrada por el alcalde y del gerente del Covid-19 designado por el presidente de la República, en medio de este caos gubernamental y el rebrote de la pandemia?

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas».