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Ante posible pago de anticipo Concejo anuncia control político a obras de Vía Barú

Para esta sesión del Concejo Distrital estaba programado el segundo debate al Proyecto de Acuerdo 013 sobre subsidios funerarios. Sin embargo, no fue incluido en el orden del día. Al iniciar la sesión se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Oficio mediante el cual Lilette Aguas Polo manifiesta su desinterés en continuar en la convocatoria para elección del contralor(a), por razones personales. Aguas era una de las tres aspirantes en situación de empate con 67 puntos a la espera del concepto de Función Pública sobre el criterio de desempate para conformar la terna.

  • Resolución 117 mediante la cual se acepta la renuncia de Lilette Aguas para continuar en la lista de elegibles conformada a instancias de la convocatoria pública para elección de contralor(a).

  • Solicitud del Secretario del Interior, David Múnera, para reprogramar la citación del 9 de julio debido a que fue convocado al Comité Distrital de Justicia Transicional. Esta excusa fue aprobada con 17 votos a favor y 1 en contra (Barrios).

  • Proposición de la bancada de La U en la que se cita a Secretaría General, Pacaribe, Veolia, Cardique y otros para referirse al lote La Concordia, predio para la disposición final de residuos sólidos, servicio de aseo, PGIRS, clausuras ordenadas por Cardique, etc. Esta proposición fue aprobada con 18 votos a favor.

Posteriormente, se dio lectura a una proposición de la bancada de La U en la que se cita a Valorización, Oficina Jurídica, Cardique y Secretario de Hacienda ante las declaraciones de Efraín Amin, representante del consorcio vial Isla de Barú, encargados del pedraplén de Playetas, quien denuncia que se hizo un giro de anticipo de $5.899 millones para la firma KMC, ganadora de la licitación para la segunda fase del proyecto del pedraplén.

Lo anterior, teniendo en cuenta que con el pago se ratifica el inicio de obras, pero existe una medida cautelar de febrero del 2020 que suspende las obras hasta que se tenga un fallo oficial que determine cuál es la empresa que debe continuar las obras.

Como una adición a esta proposición, el concejal Fernando Niño (Conservador) solicitó informe del estado del contrato de concesión vial Isla Barú de 2006; litigios, demandas, y medidas cautelares al respecto; mantenimiento de los kilómetros construidos; informes técnicos y financieros, etc.

En ese sentido, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) recordó que desde 2019 indicó que este proceso podría traer inconvenientes al Distrito, pues si Amín presenta denuncias la Administración tendría que resarcir perjuicios y entregar las obras si el Tribunal de Arbitramento así lo determina, por lo tanto, si se gira el anticipo se podría causar un detrimento por doble pago.

El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) manifestó que, de acuerdo a una entrevista radial, la Administración hizo caso omiso de la medida cautelar ante el riesgo ambiental y de movilidad sustentado en un estudio de 2017; sin embargo, debe tenerse en cuenta la existencia de un estudio más reciente del ingeniero Rocha, en el que se determina que el pedraplén construido en 2017 se encuentra en buen estado y no pone en riesgo la movilidad, ni el ecosistema. Por lo tanto, Toncel solicitó invitar al ingeniero Rocha.

Al someter a votación la proposición de la bancada de La U y las adiciones realizadas, fue aprobada por unanimidad con 18 votos a favor.

Continuado con el orden del día, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) presentó una proposición para citar a Secretaría del Interior y Policía Metropolitana con el fin de conocer las medidas adoptadas durante el aislamiento, explicar si los agentes tienen metas de comparendos, y socializar denuncias por abuso policial, especialmente en Olaya, La Quinta y La Boquilla.

Julio indicó que ha habido varias denuncias por abuso policial e hizo referencia al caso específico de una persona que fue agredida por la Policía pese a no oponerse a su detención y encontrarse esposado.

Los concejales Sergio Mendoza (Alianza Verde) y Rodrigo Reyes(Conservador) solicitaron conocer cuántos casos de COVID-19 hay en la Policía y sobre las capturas por tala de mangles.

De esta manera, la proposición del concejal Julio fue aprobada con 17 votos a favor y 1 ausente (Estrada).

Luego, se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Documento por el cual la bancada de Alianza Verde reitera su solicitud de información a la ESE Cartagena sobre los contratos 128-20 y 109-20 relacionados con elementos de protección y acciones educativas.

  • Oficio enviado por el Sindicato de Contratistas del Distrito en el que piden al Concejo ejercer control político a la Alcaldía, pues hay una persecución contra los trabajadores por OPS vinculados hace más de 10 años. El sindicato también resaltó que el alcalde Dau contrató a su círculo de amigos con ingresos entre $5 y $7 millones en el Despacho del alcalde, Secretaría de Planeación, EPA, y otros.

Por último, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que en el documento del Sindicato se da a entender que los principales cambios son en Secretaría de Planeación, lo cual puede ser grave ya que se afectaría la memoria institucional de la dependencia encargada de la articulación del presupuesto con el Plan de Desarrollo.

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