‘Bombillo Rojo’ habría desplazado a familias de sus viviendas por negarse a pagar extorsiones en Cali
Once presuntos integrantes de esta estructura delincuencial fueron enviados a prisión. La investigación permitió relacionarlos con 37 casos de extorsión y 19 hechos de desplazamiento forzado en la comuna 20 de Cali.
Una estructura delincuencial conocida como ‘Bombillo Rojo’ habría sembrado el temor entre habitantes del barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20 de Cali (Valle del Cauca), mediante amenazas, agresiones y cobros extorsivos que, presuntamente, terminaron con el desplazamiento forzado de varias familias de sus viviendas.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de esta organización, conformada por dos presuntos clanes familiares del mismo sector, exigían cuotas mensuales que oscilaban entre $100.000 y $500.000, con plazos de apenas un día para realizar los pagos.
Las personas que se negaban a entregar el dinero eran amenazadas de muerte, agredidas e incluso obligadas a abandonar sus hogares junto con sus familiares. Posteriormente, los presuntos responsables se habrían apropiado de los inmuebles y de los bienes que permanecían en su interior.
Identificaron 37 casos de extorsión y 19 desplazamientos
Las actividades investigativas permitieron asociar a esta estructura con 33 casos de extorsión consumada, cuatro tentativas de este delito y 19 hechos de desplazamiento forzado, ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026.
Según el material probatorio, los integrantes de ‘Bombillo Rojo’ seleccionaban a sus víctimas, llegaban hasta sus residencias y, mediante intimidaciones con armas de fuego, exigían los pagos. En algunos casos, para recuperar los inmuebles después de ser desplazadas, las familias habrían tenido que entregar hasta $50 millones.
La Fiscalía también señaló que la organización presuntamente instrumentalizaba a menores de edad para vigilar a las víctimas y recaudar el dinero. Los niños y adolescentes habrían recibido instrucciones sobre cómo abordar a los afectados y realizar los cobros.
Un comedor comunitario habría sido tomado por la organización
Entre los hechos documentados por las autoridades se encuentra un caso ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, cuando los presuntos integrantes de la estructura dispararon y lanzaron piedras contra una vivienda, además de amenazar de muerte a una residente si no pagaba la denominada ‘vacuna’.
Ante las intimidaciones, la familia abandonó el inmueble, donde funcionaba un comedor comunitario que brindaba alimentación a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad del sector.
Posteriormente, los presuntos responsables habrían ingresado al lugar para apropiarse de los bienes que se encontraban en su interior.
Once personas fueron enviadas a prisión
Más de 20 diligencias de allanamiento y registro, ordenadas por la Fiscalía y ejecutadas por la Policía Metropolitana de Cali, permitieron la captura de 11 personas que estarían vinculadas a esta estructura delincuencial.
Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado; uso de menores para la comisión de delitos agravado; extorsión agravada, consumada y tentada; hurto calificado; desplazamiento forzado, e intimidación o amenazas con armas de fuego, armas, elementos o dispositivos no letales, armas hechizas o armas blancas.
Los procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Entre los capturados se encuentran Sinovel Villano Ruiz, señalado como cabecilla del grupo delincuencial, así como Angy Tatiana Villano Ruiz, John Edinson Villano Ruiz, Jean Carlos Villano Ortiz, Harrison Villano Ruiz, Jonathan Deidy Caicedo Villano, Andrés Felipe Martínez Salinas, Cristhian Javier Ñañez Cañar, Dilan Termal Orrego, Julián Giovanny Goyes Chacón y Yeiner Alexander Ortiz Goyes.
La Fiscalía indicó que este resultado hace parte de su estrategia para identificar y afectar la estructura de las organizaciones delincuenciales que tienen mayor incidencia en la seguridad y la convivencia ciudadana.
