Bolívar. En desarrollo del plan choque, Construyendo Seguridad, el Gaula de la Policía, en trabajo articulado con la Primera División del Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, propinaron en horas de la madrugada un contundente golpe en contra del grupo armado organizado del ELN.
Fueron dos años de investigaciones e infiltraciones en contra de esta Red de Apoyo al Terrorismo ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, perteneciente al ELN, los que permitieron recaudar suficiente material probatorio y evidencia física, para poder planificar el día de hoy en horas de la madrugada 30 allanamientos de manera simultánea en diferentes sectores del departamento de Bolívar, entre los que se encuentran: los municipios Barranco de Loba, Norosí y Altos del Rosario; además de los corregimientos Pueblito Mejía, la pacha y Buena Seña.
Entre las 17 capturas realizadas en este operativo de alto impacto se encuentra PALOMINO SALAS DAYRIS, conocido en el mundo criminal como “PICHO”, cabecilla de la subestructura y siendo el coordinador de cobros extorsivos y homicidio selectivos aquines se negaban a pagar, el cual es requerido por parte de la justicia por los delitos de: concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.
Este criminal de 35 años de edad, coordinaba y ejecutaba los cobros extorsivos, además de dar la orden al personal bajo su mando, de generar presión para el pago de las exigencias económicas realizadas a los diferentes sectores, entre los que se encuentran: ganaderos, lecheros y agricultores, de las veredas y corregimientos de la jurisdicción.
La ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, había logrado acumular tal poder en la región, que decidió declarar la guerra en contra del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, con el fin de tomar el control de la zona y quedar con el recaudo de dinero de la minería ilegal, narcotráfico y cobro de extorsión a comerciantes y ganaderos.
Aún se recuerda en el sur del Departamento de Bolívar, como en el año 2018, se desató una ola de asesinatos, desplazamiento forzado, extorsiones y hurtos a los comerciantes del sector, donde se veían pasar a los integrantes de este grupo criminal, utilizando uniforme de uso privativo de las fuerzas militares, con brazaletes alusivos al ELN, generando zozobra y terror en los habitantes, lo cual desató el desplazamiento de más de 160 familias, por el no pago a extorsiones. Quien no cancelaba el dinero exigido, bien fuera por extorsión o abigeato, era nombrado como objetivo criminal, lo que conllevó a la consecución de asesinatos selectivos en la región.
La Red de Apoyo al Terrorismo ‘Subestructura Luis José Solano Sepúlveda’, está conformada actualmente por aproximadamente 80 integrantes, manteniendo sus principales finanzas a través del autodenominado cobro de impuesto (renta criminal) al gremio de ganaderos, agricultores, comerciantes y las unidades productivas de minería, utilizando como fachada un supuesto impuesto por la seguridad en la región, para que los comerciantes puedan ejercer su actividad, cobrando sumas que oscilan de los 10 mil hasta los 10 millones de pesos, llegando a recaudar hasta 350 millones de pesos mensuales.
Durante esta operación, en la cual participaron grupos operativos del GAULA de la Policía Nacional y Primera División del Ejército Nacional, fueron realizadas otras 16 capturas, entre los que encuentran, alias “TOPILLO” , alias “ MATOS, alias “MIGUEL”, alias “BECHY”, alias “SAMURAY”, alias “WICHO GOZADERA”, alias “JACOB”, alias “AMALFI”, alias “GAMERO”, alias “EL PAISA”, alias “SEBIS”, alias “EL PAISITA”, alias “EIVERT”, alias “ESTEVITA”, alias “MANUEL” y alias “EL INSPECTOR”, encargado de recibir los dineros producto de las extorsiones
A esta Subestructura de le atribuye como autor material del asesinato del líder social Jorge Manuel Ortiz Hernández, quien fue ultimado en el municipio de Barranco de Loba, el 17 de junio, por hombres armados que le dispararon en siete ocasiones.
De igual manera a esta grupo armado organizado se le sindica del asesinato del minero RICHARD NAVARRO ROCHA de 32 años, hechos ocurridos 10 días después del asesinato del líder social, siendo interceptado en el zona rural del municipio de Tiquisio, por miembros de esta subestructura quienes decidieron quitarle la vida.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
