Capturan a alias Blue por presunta participación en ataques violentos en Bogotá
La investigación da cuenta de afectaciones al transporte público, bienes y servidores públicos.
Con medida de aseguramiento en centro carcelario quedó recluida Luisa Fernanda Rey
Muñoz, conocida como ‘Blue’ o ‘Lu’, al término de las audiencias en las que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, adscrita al Grupo de Tareas Especiales para la Implementación de Enfoques e Investigación y Judicialización Contextual de la Violencia en el Marco de la Protesta Social, le imputó el delito de terrorismo y otras siete conductas delictivas por su presunta participación en cinco actos de violencia ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025.
De acuerdo con las evidencias obtenidas en el curso de la investigación de la Fiscalía, estaría involucrada en eventos ilícitos que generaron afectaciones al mobiliario y bienes del Sistema de Transporte Masivo y a servidores públicos, además de generar zozobra en la ciudadanía.
El primero de los hechos documentados ocurrió el 21 de marzo de 2024. Corresponde a los daños ocasionados a la motocicleta de un vigilante y al incendio de otra perteneciente a la
Universidad Nacional.
Posteriormente, el 23 de agosto de 2024, en el sector de Bosa Porvenir, los pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fueron amenazados con ser quemados si no descendían del vehículo. Una vez los ocupantes abandonaron el automotor, este fue incendiado. Rey Muñoz, al parecer, intervino en la ruptura de los vidrios y el lanzamiento de elementos que provocaron el fuego. Las pérdidas fueron estimadas en más de 68 millones de pesos.
Otro de los episodios sucedió en la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio, mientras se encontraba en servicio. Un grupo de personas encapuchadas destruyó cámaras de seguridad, lectores de acceso y pantallas, e incendió los torniquetes, situación que obligó a los usuarios a abandonar las instalaciones. Una trabajadora de la taquilla logró ponerse a salvo cuando un hombre se disponía a lanzar un artefacto incendiario hacia su cabina. Las afectaciones económicas superaron los 8 millones de pesos.
El 4 de julio de 2025, cerca del Portal Américas, se registró otro ataque contra varios buses articulados. Allí fue incinerada una motocicleta oficial y agredida una agente de tránsito.
Finalmente, el 11 de septiembre del año pasado, en inmediaciones de la Universidad Nacional, fueron arrojadas bombas explosivas e incendiarias contra integrantes de la Policía Nacional.
Rey Muñoz fue capturada por orden judicial el pasado jueves 19 de noviembre en Cali (Valle del Cauca) en un procedimiento realizado por la Policía Nacional. Durante la diligencia se encontró en su poder una sustancia que, de acuerdo con el análisis técnico, presentaba características compatibles con un explosivo.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de terrorismo, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, incendio agravado, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público agravada, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Este último cargo está relacionado con el hallazgo en el momento de su detención.
La procesada no aceptó los cargos y, por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Cali le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Este resultado hace parte de la labor del Grupo de Tareas Especiales para la Implementación de Enfoques e Investigación y Judicialización Contextual de la Violencia en el Marco de la
Protesta Social. Su actuación está orientada a establecer las circunstancias de los hechos, identificar a sus posibles responsables y garantizar una respuesta efectiva de justicia, con criterios de objetividad, razonabilidad, debida diligencia y estricto apego a la Constitución y la ley.
Para cumplir este propósito, la Fiscalía examina cada caso y, cuando procede, aplica los mecanismos jurídicos previstos en el ordenamiento legal, sin conceder beneficios discrecionales ni adoptar decisiones contrarias a la normatividad vigente. De esta manera, el ejercicio de la acción penal está orientado a conocer la verdad de las conductas investigadas, garantizar los derechos de las víctimas, el respeto por los derechos humanos y el debido proceso de todas las personas involucradas.




