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La funcionaria habría contratado a dos miembros de una oficina de cobro de Cali para averiguar por el destino de $40.000.000 que se extraviaron de su casa.
Buenaventura (Valle del Cauca), 17 de diciembre de 2021.- Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Mónica Andrea Bravo Bermúdez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo – Regional Pacífico, en Buenaventura (Valle del Cauca); y Javier Enrique Bermúdez Yesquen, como presuntos coautores de los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada.
Estas dos personas, quienes no aceptaron su responsabilidad, fueron capturadas mediante orden judicial el pasado 14 de diciembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con unidades del Gaula Militar.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 31 de enero de 2021, cuando Bravo Bermúdez al parecer citó en su casa a un empleado que le ayudaba en labores domésticas y a dos ciudadanos extranjeros que le realizaron una obra en la vivienda.
De acuerdo con lo establecido, la mujer estaba acompañada de Bermúdez Yesquen y dos hombres más, quienes habían llegado de Cali al puerto de Buenaventura, presuntamente convocados por ella. En el interior del inmueble, los tres trabajadores fueron amenazados con armas de fuego supuestamente por los dos últimos sujetos en mención, quienes se habrían identificado como integrantes de oficina de cobro.
Los hombres armados al parecer interrogaron a las víctimas sobre el paradero de $40.000.000 que se habrían extraviado de la casa de la funcionaria.
Hacia la una de la tarde de ese día, los empleados fueron conducidos en dos vehículos a una finca de propiedad de la Bravo Bermúdez. Allí, fueron atados de pies y manos, así como sometidos a golpes, torturas y amenazas, con el fin de obligarlos a decir dónde y quién se había quedado con el dinero.
Posteriormente, alrededor de las 10 de la noche, las víctimas fueron llevadas de nuevo a Buenaventura, con la advertencia de que no podían contar a las autoridades lo que les había ocurrido.
Durante las audiencias concentradas, los hoy procesados no se allanaron a los cargos imputados
