Doble homicidio y un herido en Villa del Sol
8 diciembre 2024Tres quemados con pólvora en Fiestas de Velitas en Cartagena
8 diciembre 2024
Por: Freddy Machado
Excelentísimos señores:
A finales del 2024, la congestión judicial deambula, flamante, por un lado, mientras la gerencia de la justicia anda por otros rumbos. Sin duda, en los últimos cinco años la judicatura no ha podido impactar con políticas públicas efectivas que neutralicen las causas que afectan el acceso a la justicia en términos de “pronta y cumplida”, conforme lo consagra nuestra Carta Magna.
Es evidente que existe un divorcio entre esa gerencia y sus actores (jueces, empleados y usuarios). Luego, ante semejante desencuentro, urge cambiar las estrategias y buscar en el año 2025, una verdadera mejora en el servicio de administración de justicia. El momento resulta oportuno pues se han posesionado nuevos magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura.
Se sabe que la anterior gerencia le apostó (se la jugó) por obtener certificados de calidad, invirtiendo millonarios recursos en modernos programas que procuran -en teoría- optimizar el servicio (SIGCMA). Sin embargo, uno no puede hacer una fiesta (obtener certificados de calidad) si la casa no está organizada ni dispuesta para tal evento.
En efecto, juzgados con una carga laboral que excede los mil procesos son ambientes imposibles e insostenibles para semejante apuesta. Esos juzgados son espacios en los que los servidores “guerrean” realizando la labor de más de cinco (5) despachos y lo hacen en condiciones caóticas para su salud mental.
Un paréntesis: un usuario antes de culpar a un juzgado por su falta de dinámica, debería preguntar a sus servidores cuántos son los procesos asignados pues nadie está obligado a lo imposible.
Pero, cerremos la ventana y sigamos con nuestra misiva: debe quedar claro que a los ciudadanos no les interesa que la judicatura les muestre certificados de calidad y optimización del servicio. Lo verdaderamente importante para ellos es la capacidad de respuesta de la administración de justicia y sucede que por congestión, por ejemplo, los jueces de garantías programan las audiencias de entrega de vehículos para dos meses después de la petición.
Y en ese contexto, no tiene ninguna presentación que mientras se siguen obteniendo acreditaciones en calidad, abunden las libertades por vencimiento de términos y los jueces penales de conocimiento se agoten en maratónicas jornadas de audiencias de preclusión por prescripción de la acción penal.
Y los usuarios siguen desesperanzados…
En esas estrategias equivocadas de la judicatura nos encontramos con una verdadera perla (autogol) en la especialidad penal, situación irregular que sigue incidiendo negativamente en la productividad de esos juzgados sin que tal “desinteligencia” se corrija hasta ahora. En su momento, se innovó creando unas secretarias comunes -centros de servicios- para los juzgados penales pero como no se tenía presupuesto para crear la planta de personal, se les ocurrió impunemente “desbaratar” la nómina/planta de los juzgados y desde hace unos 10 años, solo la mitad de los trabajadores atienden esa excesiva carga laboral porque a los otros tres de sus servidores los trasladaron a las secretarías comunes.
Un juez y dos sustanciadores son insuficientes para semejante carga (audiencias, acciones de tutela, segundas instancias, habeas corpus y otras actuaciones, sin incluir la atención al público tanto presencial como virtual).
Lo peor es que los vientos de la virtualidad soplaron en favor de los juzgados penales pues solucionaron la falta de salas de audiencias y se incrementó la productividad. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional se alzó como barrera cuando ordenó que la práctica de pruebas en los juicios orales debía ser presencial y no virtual.
Una decisión tan contundente de esa importante Corte, debía ir de la mano con la posibilidad de instar a la Judicatura a que nivelara las plantas de personal de los juzgados penales (sí o sí) y a que se superara el déficit de salas de audiencias.
Bueno, pero si la Corte Constitucional guardó silencio sobre las necesidades de los juzgados penales ante una carga desproporcionada, la judicatura debía entrar a gestionar y no lo ha hecho.
En definitiva, mal podrían generarse estrategias superiores por parte de la gerencia de la justicia, sino se se escucha a las bases (no solo a los a teóricos) y se reordena todo lo que no funciona. Las críticas deben atenderse pues un buen gerente no puede perder de vista la enseñanza del Márques Vauvenargues: “La señal infalible de un mal reinado es el exceso de elogios dirigidos al monarca”.