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El Ministerio Público lidera el diseño de una estrategia interinstitucional para gestionar la recuperación de bienes de uso público en los espacios marino-costeros del país.
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“La Procuraduría velará por el derecho colectivo a gozar de los bienes de uso público, garantizando los derechos fundamentales de las comunidades residentes en zonas de litoral”, sostuvo Silvano Gómez, Viceprocurador General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación suscribió el Otrosí al Convenio Interinstitucional de Cooperación No. 004-2020, cuyo propósito es liderar el diseño de una estrategia integral para gestionar la recuperación de los bienes de uso público indebidamente ocupados en los espacios marino-costeros del país.
Durante el evento de suscripción, el Viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, aseguró que, “la Procuraduría velará por el derecho colectivo a gozar de los bienes de uso público, garantizando los derechos fundamentales de las comunidades residentes en zonas de litoral”.
Entre los firmantes del convenio también estuvieron representantes de la Dirección General Marítima (Dimar), la Comisión Colombiana del Océano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Este liderazgo fue asignado a la Procuraduría en el documento Conpes 3990 de 2020 “Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030”, conforme el ejercicio de la función misional preventiva que le asiste, en alineación con la Agenda de Desarrollo 2030 que impactará en los próximos dos planes nacionales de desarrollo.
Cifras preocupantes
La alarmante y creciente ocupación indebida de los bienes de uso público con viviendas construidas sobre pilotes de madera en zonas de litoral, conocidos como palafitos, conlleva no solo a la vulneración del derecho colectivo a su uso, goce y disfrute; sino que ha puesto en riesgo a las familias que allí residen, por su enorme exposición a fenómenos naturales, como tsunamis o sismos de importante magnitud.
De acuerdo con información recaudada por la Dimar, a junio de 2021 se registraron 31.238 ocupaciones ilegales en espacios con características técnicas de playas marítimas y terrenos de bajamar.
Según la Dimar, los tres distritos con cifras más elevadas de ocupación ilegal son: Tumaco con 12.953, Buenaventura con 11.311 y Cartagena con 3.600. Esta ocupación irregular viene creciendo, pues en 2014 se había reportado un total de 29.101 casos; evidenciándose un incremento de 2.137 en un lapso de siete años.
