Concejales denuncian que trabajadores del PAE tienen contratos de boca y salarios por debajo del mínimo

Cartagena, Octubre de 2018 –  Luego de la protesta de las manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Plenaria aprobó una proposición presentada por la concejala Judith Díaz para citar a la Secretaria de Educación, al Dadis, a la oficina de Control Interno, a la Unión Temporal PAE 2018, al SUDEB, a las asociaciones de padres de familia, a las veedurías, Contraloría y Procuraduría para tratar aspectos del PAE y para exigir explicaciones sobre por qué las trabajadoras no tienen ningún documento que las vincule contractualmente con el programa y  además, luego de laborar por más de 12 horas se les paga 10 mil pesos diarios.

La cabildante presentó pruebas como titulares de prensa y videos donde se evidencia la cadena de irregularidades que se tejen alrededor del PAE. “La falta de Planeación ha sido el principal inconveniente en la ejecución, tanto, que inició 140 días después de iniciadas las clases en las instituciones distritales. En un artículo de prensa, se afirmó que la ex alcaldesa Wong había presentado vigencias futuras para este programa por un valor a los 16 mil millones de pesos en el 2017 y que además, se le había presentado al Concejo un proyecto de acuerdo por este valor para garantizar el servicio los primeros meses del año. Quiero aclarar que nunca nos llegó tal documento.”

Además, denunció que se contrató una comisión de supervisión del programa por parte de la Alcaldía, cuando la Contraloría ya había integrado un equipo especial para este tema. “Este PAE está cargado de supervisión, pero aun así persisten los retrasos en la entrega de los alimentos, productos alimenticios en descomposición, infraestructura incompleta para la preparación, recurso humano mal remunerado. Y además, el día antes de vencerse la ley de garantías de este año, se habían firmado 31 contratos para garantizar la supervisión, cuando el PAE ni siquiera estaba contratado. ¿Qué hicieron esos contratistas desde inicio de año, si el programa inició el 11 de Septiembre?

Con esta proposición se solicita información acerca de la contratación, supervisión, interventoría, cobertura, vigilancia, control y seguimiento de este programa.

Por su parte, el concejal Oscar Marín se unió a la propuesta de la concejala y adicionó la solicitud de más documentos. “Como conocedor de este tema quisiera adicionar que nos faciliten la minuta contratada, porque de este documento depende la contratación del operador: la logística, el número de manipuladoras, la cadena de frio, las bodegas. Hoy nos acompañan las madres que ejercen esta actividad de la manipulación de alimentos que en principio se les había acordado pagarles entre 18 mil y 20 mil pesos diarios y hoy día les pagan 10 mil. Esta corporación no puede silenciarse  ante los atropellos que se están cometiendo con una población vulnerable, que necesita y hay que pagarles lo justo.”

“Además, las manipuladoras no tienen documentos que las vinculan como contratadas por el programa, firmado por ellas ni por el operador, están contratadas de boca. ¿Qué pasaría si una de estas mujeres sufriera un accidente? ¿Quién responde si se habla de un contrato de “voluntariado” si no tienen ni un solo papel firmado? Que los entes de control hagan seguimiento a este tema” dijo Marín.

El concejal Javier Curi se pronunció  ante el tema del día de hoy en la Corporación. “vamos a exigir un completo detalle,  un informe de cómo se viene ejecutando ese programa. Es por esto, que  he invitado a las madres manipuladoras del PAE, porque  no es justo que les paguen 166 mil pesos mensuales. Eso es una explotación.  Eso lo hacen porque los famosos operadores sacan sus utilidades del sudor de estas mujeres, porque quieren excederse y sacar todos los beneficios de esos programas. Adicionaré a la proposición de la concejala Díaz, una citación al comité de verificación para que nos rinda un informe de lo que han encontrado en las instituciones.”

El concejal Javier Curi solicitó a la Plenaria escuchar a las mujeres trabajadoras del PAE quienes pidieron ser escuchadas en sesión informal a través de una representante, Dina Luz Cabezas.

“Tengo ocho años laborando en las instituciones educativas,  pero hay compañeras que tienen más de 20 años prestando este servicio, el cual hemos sido contratadas en calidad de “voluntarias” y bajo este título no nos justifican pago, sino bonificaciones. Estamos cansadas con este tema porque nosotras iniciamos nuestra jornada desde las 5 de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde y trabajamos más de las ocho horas reglamentarias. Si estamos denunciando esto, no queremos que los operadores tomen retaliaciones contra nosotras, cuando la verdad es que nosotras le ponemos el pecho para que este programa funcione.”

“Ayer tuvimos una reunión con el  coordinador técnico de la Unión Temporal  PAE 2018, Darío Gómez y nos dijo  que  sólo nos podía aumentar a las manipuladoras en sitio  8 mil pesos cuando  nosotras sabemos que el contrato del programa está por 18 mil millones y a las manipuladoras  que reparten raciones industrializadas les van aumentar 2  mil pesos más. Según la resolución del Ministerio de Educación 452 del 29 de diciembre de 2017 de 1 a 75 raciones servidas debe contratarse una manipuladora, yo trabajo en la Institución Educativa Jorge García Usta en Bicentenario y allí preparamos 1.478 raciones para los niños, según esta resolución debe ser 7 manipuladoras, quiero que tomen conciencia para saber si ese número de personas pueden preparar esa cantidad de almuerzos. Y queremos que nos ayuden a tener un salario digno.” Expresó la representante.

El presidente del Concejo, Wilson Toncel, dijo que el PAE es una cadena de atropellos que no cesan y que no sólo afecta a los estudiantes. “Hoy nos queda claro a través de este debate que no sólo hay atropellos contra los niños, sino también con el personal que trabaja en la manipulación de los alimentos. Es lamentable y triste escuchar las denuncias de estas mujeres que están prestando un servicio comunitario, porque el valor que les están pagando es simbólico, 10 mil pesos por un día trabajado sin prestación es vergonzoso. Sabiendo  que el valor de ese contrato  es de 14 mil millones por un periodo no mayor a cuatro meses y que son tratadas de manera indigna cuando son las personas que trabajan para que nuestros niños y jóvenes reciban el alimento antes de iniciar sus clases.”