El Concejo distrital anunció que apoyará una acción popular que será interpuesta por el coordinador de la Comisión Nacional de Salud Pública, César Cárcamo, quien a partir de su seguimiento, habría rastreado que se estaba dando una falsa motivación e inconsistencia técnica, administrativa, financiera y jurídica de la Resolución 151 del 16 de mayo de 2024; que prorrogó la intervención a la ESE Cartagena de Indias.
Por ella, dijo que acudirá a esta instancia y expuso además que el último interventor tenía honorarios por $45 millones.
El Observatorio del Concejo de Funcicar, dijo que por solicitud del concejal Edgar Mendoza (ASI), se realizó sesión informal en la que se escuchó a Cárcamo, quien inició informando que fue escogido como coordinador de la Comisión de Empalme para recibir los informes de la ESE Cartagena de Indias. Además, indicó que tenía el reporte de rendición de cuentas y los informes de Jorge Suárez, exagente interventor.
También compartió que, como auditor médico, tiene evidencias de que la ESE pasó de una situación crítica a una situación aceptable, por lo que considera que las prórrogas de intervención no debieron realizarse. Además, afirmó que se iban a abrir hospitales en: El Pozón (96% de avance) y en Canapote (92%).
Seguido, expuso que para sostener las prórrogas repitieron las consideraciones anteriores, y que el concepto técnico dado por la Superintendencia de Salud estaba errado y no era coherente con el informe de Suárez, por lo cual emprenderían una acción popular. Afirmó que la ESE es viable financieramente y que su trabajo al respecto lo respalda el alcalde.
Volviendo a sesión formal, el concejal Rafael Meza reafirmó la necesidad de suspender la intervención y la alta suma que devengaba el interventor. Además, preguntó al coordinador qué faltaba para dar apertura a los hospitales de El Pozón y Canapote.
Cárcamo respondió que para el hospital de El Pozón la infraestructura estaba terminada y faltaba la dotación como mueblería, insumos biomédicos y estanterías; y datos sobre los pacientes y personal médico. A raíz de esto, el compromiso con la Contraloría fue de entregarlo en 2 meses.
Seguido, los concejales William Pérez y Luz Marina Paria, afirmaron que no podían existir prórrogas tras prórrogas, y que la Resolución 151 de 2024 era a todas luces ilegal, por lo que, reiteraron el respaldo desde el Concejo para cualquier gestión posterior que lidere Cárcamo.
La concejala Mónica Villalobos, afirmó que esta última prórroga era ilegal puesto que debía liquidarse o devolverse, y que hoy no había ninguna razón para continuar con la prórroga y felicitó al coordinador por la iniciativa de Acción Popular.
