Concejo continúa debate sobre reorganización de las Localidades de Cartagena

El Concejo de Cartagena celebró una nueva audiencia pública para debatir el Proyecto de Acuerdo 127 de 2026 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 006 de 2003, se reorganiza la división político-administrativa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en cinco localidades y se dictan otras disposiciones”, coordinado por la concejal Gloria Estrada (Partido Liberal). Se constató la presencia en sala de Luis Cano y Mary Calderón en representación de la Secretaría de Planeación Distrital.

Durante el espacio de participación ciudadana intervinieron de manera individual los siguientes voceros comunitarios, directivos cívicos y autoridades étnicas:

• Magali Coronado (representante comunitaria de la zona norte) respaldó la creación de la nueva localidad para el norte rural, manifestando que los corregimientos han padecido un rezago histórico con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas. Denunció que el 30% del Fondo de Desarrollo Local asignado a la zona rural se diluye al estar integrados con la zona urbana de la Localidad 2, por lo que una alcaldía local propia les otorgará presupuesto autónomo y un plan de desarrollo ajustado a sus vocaciones agrícolas, pesqueras y turísticas.
• Nelson Marimón González (representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, Isla de Barú) celebró la iniciativa de conformar la localidad insular, expresando que representa una oportunidad histórica para que los pueblos de las islas cuenten con representación directa, voz y voto en las decisiones públicas e incidan en proyectos de infraestructura básica y bienestar.
• Liris Zúñiga Navas (representante legal del Consejo Comunitario de Isla Fuerte) destacó que la localidad insular acercará la institucionalidad a territorios históricamente aislados que padecen graves carencias en salud, educación, servicios públicos y conectividad marítima. Enfatizó que esta división debe traducirse en garantías reales para las autoridades étnicas, proyectos productivos para mujeres y jóvenes, y no quedarse en un simple cambio de nomenclatura administrativa.
• William Herrera (líder cívico de La Boquilla) rechazó que el proyecto de acuerdo incluya al corregimiento de La Boquilla dentro de la Localidad 1 (Turística y del Litoral Norte). Recordó que La Boquilla es una comunidad negra con identidad palenquera y título colectivo de propiedad, exigiendo que sea reubicada en la Localidad 5 (Rural Norte) junto a los demás corregimientos y veredas de la zona norte.
• Aldo Lora (líder comunitario y exedil) advirtió que al proyecto le faltó socialización directa con las organizaciones de base en los territorios. Propuso una división en siete localidades: dos corregimentales (Insular y Rural Norte, que agrupan a cerca de 120.000 habitantes) y cinco urbanas, dentro de las cuales planteó crear formalmente la localidad de «Barrios Unidos y la Cordialidad» para ordenar el crecimiento del suroriente, además de abrir mesas técnicas de trabajo entre el Concejo, Planeación y Fedejuntas.
• Álvaro Camargo (morador de La Boquilla) sostuvo que su comunidad ha resistido a modelos de desarrollo excluyentes y decisiones administrativas sin rigor técnico, recordando que su título colectivo fue ratificado por el Consejo de Estado. Respaldó la creación de las dos nuevas localidades, pero exigió que La Boquilla y sus veredas sean incorporadas a la localidad rural (Localidad 5), preservando la cohesión comunitaria y ambiental de la cuenca hídrica y de los consejos comunitarios del norte.
• Antonio Aponte expuso una propuesta de planeación participativa. Cuestionó la falta de homogeneidad relativa y continuidad espacial al pretender trasladar las Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) 8, 9 y 10 a la Localidad 2, sustentando la necesidad de crear la «Localidad Central de Desarrollo Económico y Reserva Forestal» para no fracturar sus dinámicas socioeconómicas y equipamientos comunes.
• Admín Puerta (miembro nativo de La Boquilla) expresó preocupación porque se conciba al territorio como un simple polígono geográfico adherido a sectores turísticos como Crespo o Bocagrande. Solicitó respetar los más de 200 años de historia, pesca artesanal e idiosincrasia boquillera reincorporándolos a la Localidad 5 e instó a concertar mesas de diálogo para garantizar la representatividad en las Juntas Administradoras Locales.
• Daniel Vélez argumentó que la propuesta vulnera el artículo 34 de la Ley 1617 de 2013 y la Ley 617 al romper el principio de homogeneidad relativa, mezclando realidades socioeconómicas y culturales sin afinidad identitaria. Señaló que no se cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado ni con estudios rigurosos del Índice de Pobreza Multidimensional que justifiquen agrupar barrios de estratos medios de la UCG 10 con la zona industrial, calificando la propuesta distrital de carente de sustento técnico.
• Eminson Lucas (representante legal del Consejo Comunitario de Pontezuela) solicitó al cabildo debatir y aprobar la creación de la localidad de la zona norte. Argumentó que contar con una estructura local propia descentralizará las decisiones, permitiendo gestionar de forma directa y oportuna inversiones en acueducto, vías, salud e infraestructura escolar sin intermediarios burocráticos.
• Agustina Carmona de Arco (representante del Consejo Comunitario de Puerto Rey, vereda de La Boquilla) exigió que La Boquilla y todas sus veredas tradicionales (Puerto Rey, Zapatero, Manzanillo y Tierra Baja) permanezcan unificadas dentro de la Localidad 5 de la zona norte. Señaló que cuentan con procesos de titulación colectiva desde 2013 y que no aceptarán ser asignadas a localidades urbanas donde sus necesidades rurales queden marginadas de los presupuestos participativos.
• Manuel Girado Núñez (habitante de Arroyo de Piedra) respaldó la creación de la Localidad 5 para revivir comunidades ancestrales que han estado en el abandono institucional. Asimismo, hizo un llamado a la administración y a los cabildantes a reservar suelos agrícolas para garantizar la soberanía alimentaria de Cartagena frente al avance de la deforestación y los proyectos inmobiliarios de concreto.
• Rafael Salgado (exedil) manifestó que, si la administración central actualmente retiene las obras y no dota de presupuesto suficiente a las tres localidades existentes, menos podrá garantizar la operatividad de cinco alcaldías locales. Invitó a la administración a retirar la iniciativa para concertarla previamente en los barrios y recomendó priorizar la aprobación del nuevo POT antes de redefinir los límites políticos.
• Gregorio Salgado coincidió en que la ciudad requiere reorganizarse pero rechazó que se concentre a más de la mitad de la población en dos macro-localidades urbanas. Presentó una alternativa de seis localidades: Centro Oriental (entorno del caño Juan Angola), Rural Norte (incluyendo La Boquilla y sus veredas), Sur Insular (abarcando las islas, Pasacaballos y Membrillal), además de las tres urbanas ajustadas territorialmente.
• Dayana Medrano Molina (presidenta de la Junta de Consejo de Islas del Rosario) respaldó firmemente la constitución de la localidad insular, calificándola como un canal fundamental para que los consejos comunitarios articulen sus planes de etnodesarrollo con la inversión distrital y se superen carencias críticas de agua potable, educación y saneamiento en los archipiélagos.
• Flor Daneis Carrascal Cortés (presidenta de la JAC de Punta Canoa y directiva de Asojac) sustentó la pertinencia de la localidad de la zona norte con cifras del Censo DANE 2018, señalando que el NBI rural en Cartagena alcanza el 20,52% (frente al 11,49% urbano) y la miseria se ubica en 4,10%. Reclamó una alcaldía local cercana que articule soluciones a los graves déficits de conectividad, saneamiento y servicios básicos.
• Claribel Zavala (líder de la vereda La Europa, corregimiento de Arroyo Grande) intervino para visibilizar el abandono que sufren los campesinos de la zona norte, quienes padecen cortes de energía de hasta tres días y desabastecimiento de agua, apoyando la Localidad 5 para que el presupuesto distrital llegue de forma directa a las veredas más alejadas.
• Franklin González (directivo comunitario de Barú) intervino en vocería de delegaciones de Caño del Oro, Tierra Bomba, Islas del Rosario, Islote, Isla Fuerte, Santa Ana y Ararca, respaldando la creación de la localidad insular. Rechazó los llamados a retirar el proyecto, señalando que la zona insular necesita urgentemente un FDL propio y nueve ediles que gestionen parques, vías y colegios para cerrar brechas de pobreza.
• Ana Coneo (presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena, Tierra Bomba / delegada del Espacio Nacional de Consulta Previa) celebró la iniciativa del alcalde Dumek Turbay y solicitó a los concejales aprobar la localidad insular para dotar de agua potable a la isla, proteger la nutrición y el desarrollo de la niñez, y potenciar las actividades turísticas y pesqueras tradicionales.
• Jimmy Rivera (dirigente comunal y exedil) expresó su preocupación por el traslado de las UCG 8, 9 y 10 hacia la Localidad 2. Indagó por el destino de la sede de la Alcaldía Local del Country (UCG 8) y solicitó que, si se aprueba la reforma, se formalice una localidad específica para la zona centro en lugar de imponer una reorganización acelerada sin concertación con las JAC.
• José Elías Altamar (líder de Pontezuela) recordó que en 23 años de vigencia del modelo de tres localidades el 30% de inversión rural de los fondos locales no se reflejó en obras para los corregimientos del norte. Instó al Concejo a mantener el proyecto, solicitando como ajuste que La Boquilla quede incorporada en la zona norte rural.
• Moisés Zabaleta Mercado (vocero del Consejo Comunitario de Tierra Baja) apoyó la descentralización pero rechazó que su comunidad y las veredas de La Boquilla sean separadas de la localidad rural. Argumentó que su arraigo étnico y titulación colectiva bajo la Ley 70 de 1993 demandan permanecer en la zona norte para no perder su identidad ni sus derechos territoriales.
• Edilberto Licona (vocero de las UCG 8, 9 y 10) reiteró la defensa del corredor central y el pulmón ambiental de la Loma del Marión. Preguntó a Planeación bajo qué criterios técnicos y de la Ley 1617 se fragmentaron estas tres comunas y cuestionó si la reforma alcanzará a implementarse para el debate electoral de 2027, sugiriendo abrir una discusión de fondo hacia un modelo de siete localidades que incorpore a Barrios Unidos y El Pozón.

Por su parte, el concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) expresó preocupación por crear nuevas dependencias sin garantizar previamente los recursos financieros. Recordó que hace una década los fondos locales manejaban $15.000 millones y hoy operan con apenas $10.000 millones, lo que representa una reducción real superior al 33% que empeora frente al crecimiento de los costos de materiales y honorarios de ediles. Cuestionó que la administración central continúe recortando cerca del 70% de estos presupuestos y advirtió que varias localidades quedarán sin la obligación legal de transferir el 30% a la ruralidad. En consecuencia, propuso evaluar la creación de una sola «Localidad Corregimental e Insular» que agrupe a todos los corregimientos e islas del Distrito, garantizando que el 100% de su FDL se oriente exclusivamente a la zona rural.

La concejal Laura Díaz (Alianza Verde) anunció que, en su condición de ponente, radicará una ponencia de minorías para proponer formalmente la división de Cartagena en siete localidades. Recordó que en 2001 la ciudad dividió su área urbana en cuatro zonas con gerencias comuneras y que, 25 años después, mantener solo tres localidades urbanas es un retroceso frente a la expansión demográfica y las facultades del artículo 37 de la Ley 1617 y la sentencia C-538 de 2005. Sostuvo que el Distrito cuenta con capacidad presupuestal para descentralizar y que la reorganización debe acercar la administración al barrio y desconcentrar los recursos públicos.
La concejal Luz Marina Paria (ASI) rememoró su experiencia como gerente comunera en 2001 y respaldó que las islas y corregimientos cuenten con su propia estructura político-administrativa. No obstante, llamó la atención sobre los principios de oportunidad y pertinencia, advirtiendo que el Concejo tramita simultáneamente el Proyecto de Acuerdo 121 (personería jurídica y formalización de los FDL de las tres localidades actuales), por lo que pidió a los ponentes clarificar el régimen de transición jurídica y presupuestal para que la creación de las nuevas localidades no quede en el limbo financiero.

La concejal Gloria Estrada (Liberal), en calidad de coordinadora ponente, agradeció la concurrida participación comunitaria en las dos audiencias públicas y mesas de trabajo. Destacó que el proyecto representa una oportunidad histórica de descentralización para saldar la deuda social con las islas y corregimientos, asegurando que la comisión de ponentes revisará con rigurosidad técnica y jurídica las solicitudes ciudadanas —en especial la reubicación de La Boquilla en la zona norte y las propuestas sobre la zona centro— antes de radicar la ponencia para primer debate.