Concejo pide mayores recursos para atención a jóvenes en riesgo en Cartagena

En esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena fue socializado el presupuesto para el año 2025 de la Secretaría del Interior y la Oficina Jurídica del Distrito. Al iniciar, el secretario del interior, Bruno Hernández, informó que el presupuesto inicial del 2024 fue de $28.729 millones, pero con las adiciones llegó a $77.078 millones. Al corte del 15 de septiembre, se había ejecutado el 43%, y actualmente la ejecución está en 70%.

Hernández destacó que en 2024 se ejecutó el 100% de los recursos para el cuerpo de bomberos, adjudicando la construcción de la estación de bomberos de Bocagrande y la compra de equipos. Está en proceso de adjudicación la adecuación y construcción de inspecciones de policía, así como $104 millones para iniciativas productivas dirigidas a jóvenes en riesgo. Además, el 80% de los recursos para víctimas ya fue ejecutado, se suscribió un convenio con el INPEC, y se asignaron $1.100 millones para la reubicación del CAIZEM, a los que se sumaron $380 millones de la Gobernación de Bolívar para completar los $1.400 millones requeridos.

Sobre el presupuesto de 2025, Hernández detalló que se tienen $9.282 millones para gastos de funcionamiento y $41.737 millones para inversión, sumando un total de $51.019 millones. De los recursos de inversión, $800 millones estarán destinados al Plan Titán 24, y $14 mil millones al fortalecimiento de la seguridad territorial. Se asignarán $16 mil millones al cuerpo de bomberos, para la construcción de una nueva estación y la adecuación de la estación de Bocagrande. Además, $2 mil millones se destinarán al mejoramiento de la convivencia ciudadana.

Asimismo, se destinarán $590 millones para el fortalecimiento de los servicios en las casas de justicia, $485 millones para mejorar la atención en las comisarías de familia, $293 millones para fortalecer las inspecciones de policía, y $400 millones tanto para la asistencia y atención integral a jóvenes en riesgo como para la atención de jóvenes con responsabilidad penal. Otros $1.000 millones se asignarán a las víctimas del conflicto armado, y $1.000 millones para la construcción de paz territorial. También se destinarán $300 millones para la protección de derechos con enfoque diferencial y de género, y $300 millones para la lucha contra la trata de personas.

Por último, se asignarán $2.100 millones para la atención de la población privada de la libertad, $500 millones para el centro Intégrate, $100 millones para la atención diferencial de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, con una propuesta para aumentar esta partida a $300 millones, redistribuyendo recursos de otros programas. Finalmente, $450 millones se destinarán a la población indígena.

El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) criticó la insuficiencia de los recursos para territorios étnicos, aún con el refuerzo presupuestal previsto. Cuestionó el Plan Titán, debido al aumento de homicidios y sicariato, e instó a replantear los recursos destinados a jóvenes antes de que sean llamados “jóvenes en riesgo”.

La concejal Gloria Estrada (Liberal) respaldó al secretario del interior, pero consideró que comunidades étnicas y jóvenes en riesgo necesitan más recursos para alejarlos de la violencia. Consideró insuficientes los $450 millones asignados a las comisarías de familia.

Mónica Villalobos (Cartagena Mejor) destacó la importancia del componente social de la Secretaría del Interior, pero lamentó su baja asignación. Luz Marina Paria (ASI) pidió priorizar la atención a jóvenes y mujeres, argumentando que estos programas suelen ejecutarse de último. Laura Díaz (Alianza Verde) coincidió.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) recordó que la atención a jóvenes es un tema transversal que también compete a otras secretarías, como Educación y Participación. Emmanuel Vergara (Conservador) añadió que, si estas Secretarías actuaran primero, los programas del Interior quedarían al final en atender a los jóvenes en riesgo. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) coincidió. El concejal William Pérez (Centro Democrático) pidió detalles del convenio con INPEC y sobre los terrenos para centros de reclusión transitorios.

Para dar respuesta, el secretario Hernández aclaró que el Plan Titán solo cuenta con $800 millones y que los $14 mil millones son contratos de obra pública del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONCET. Agregó que más de 540 jóvenes son beneficiarios de los programas de las Secretarías, con un impacto positivo en sus vidas. Agregó que el resto de las preguntas serán atendidas por escrito.

Seguido, se dio lectura al Decreto 1569 que encarga temporalmente a José Posada Arrieta, como jefe de la Oficina Jurídica del Distrito. Arrieta tomó la palabra para socializar el presupuesto de la Oficina, indicando que en 2024 fue de $46.183 millones, todo en funcionamiento, del cual se ha ejecutado el 34%, siendo $3.966 millones en adquisición de bienes y servicios y $12.289 millones en trasferencias corrientes, los cuales son pagos de conciliaciones.

Del presupuesto del 2025, indicó que es por $15.374 millones, siendo $14.974 millones en gastos de funcionamiento y $400 millones en inversión. Estos recursos de inversión serán para elaborar e implementar una agenda regulatoria e implementar un proceso de depuración normativa.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a:

• Título de un Proyecto de Acuerdo radicado por la Alcaldía “Por el cual se otorga al alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural, autorización para adicionar el contrato de concesión VAL-02-06, construcción y mejoramiento de la vía transversal de Barú”.

• Oficio dirigido al concejal Rafael Meza del ciudadano César Andrés Parra en el que solicita incluir preguntas al debate sobre transporte acuático.

• Proposición de los concejales Javier Julio (Pacto Histórico) y Emmanuel Vergara (Conservador) en la que citan a las Secretarías de Participación, Interior, Hacienda y Gerencia de Espacio Público y se invita a la policía y comunidad de raperos urbanos para que rindan informe sobre presunta persecución a este sector en el Centro Histórico.