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La Asociación de Víctimas de las Construcciones Ilegales en Cartagena, aseguró que las condenas impuestas a los hermanos Quiroz a raíz de las innumerables construcciones ilegales en la ciudad, no han sido ejemplarizantes, toda vez que el daño causado a todos ellos es incalculable.
Argumentan como compradores de buena fe, que esas personas merecen una sanción superior y en establecimiento carcelario, y no en sus domicilios como lo señala la sentencia judicial dictada recientemente, dijo Robinson Villadiego, uno de los afectados y propietario de un apartamento en edificio Alpes 31 del barrio Los Alpes, construido por los Quiroz.
De igual forma dijo que con la sanción de la procuraduría contra tres exfuncionarios que fueron destituidos e inhabilitados por 18 años, está demostrada la omisión por parte del distrito y lo que siempre han dicho que hubo complacencia de algunos servidores quienes facilitaron las construcciones ilegales de esas edificaciones.
La Asociación, dijo Villadiego, se reunió con el propósito de evaluar el impacto de las últimas decisiones judiciales y de los órganos de control, con relación a los constructores (Hnos Quiroz Ruiz), de la tragedia que enlutó a 21 familias y que dejó a más de 20 sobrevivientes en el edificio colapsado aquel 27 de abril de 2017.
De igual forma la situación de las víctimas de más de 35 edificaciones construidas por los Quiroz, luego de conocer las decisiones del Juzgado Octavo Penal con funciones de conocimiento al condenar a Wilfran Quiroz Ruiz y sus hermanos a la pena de 11 años y seis 6 meses de prisión domiciliaria y la reparación a las víctimas.
Creemos que esta condena no ha sido ejemplar toda vez que el daño causado a las víctimas y compradores de buena fe, es incalculable y merece una sanción superior y en establecimiento carcelario.
De igual forma la sanción disciplinaria a tres (3) funcionarios de la Alcaldía distrital de Cartagena, por parte de la Porcuraduría General de la Nación, demuestra una vez más la omisión y el entramado que existió, entre muchos servidores públicos de la Alcaldía y unos constructores privados, para realizar malas prácticas constructivas e incumplir los requisitos legales para urbanizar, como quedó demostrado con los estudios concluyentes realizados por la Universidad Nacional y ordenados por el Distrito de Cartagena.