CRC advierte riesgos para la competencia por integración de COMCEL y Azteca
21/10/2026
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto destinado a recuperar arrecifes coralinos afectados por una enfermedad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La investigación está relacionada con un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (CORALINA) y la Asociación de Municipios de la Costa (ASOMUCOSTA), financiado con recursos del Fondo Nacional Ambiental (FONAM).
De acuerdo con el organismo de control, las actuaciones adelantadas por la Gerencia Departamental Colegiada permitieron identificar elementos que apuntarían a la posible existencia de un daño patrimonial. Por esta razón, fueron vinculadas cinco personas naturales como presuntos responsables fiscales.
Entre los vinculados se encuentran servidores y exservidores públicos que habrían participado en las etapas de planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del contrato, así como el representante legal de la entidad contratista.
El anuncio se produjo luego de la visita del contralor general de la República, Jorge Laverde Vargas, a San Andrés, en el marco de la estrategia Vuelta Colombia por el Control, orientada a fortalecer la vigilancia de los recursos públicos e identificar riesgos en su administración.
La Contraloría señaló que continuará con las acciones de vigilancia fiscal en el archipiélago, con el propósito de contribuir a la protección de los arrecifes coralinos, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad marina y el equilibrio ambiental de las islas.
La pérdida de estos ecosistemas puede reducir la diversidad de especies marinas, disminuir la protección natural de las costas frente a fenómenos climáticos extremos y afectar actividades económicas esenciales para las comunidades locales.
La apertura del proceso busca establecer las posibles responsabilidades fiscales y determinar si se produjo un daño a los recursos públicos destinados a la recuperación de los arrecifes coralinos.
