COVID-19 y los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo

En esta coyuntura, marcada por la pandemia del COVID-19, es imperativo monitorear los riesgos emergentes en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de fortalecer su gestión al interior de las entidades y evitar que las organizaciones criminales incurran en una mayor cantidad de actividades delictivas.

Entre las principales vulnerabilidades identificadas por organizaciones intergubernamentales y autoridades de control, se encuentran:

1. El tráfico de medicamentos falsificados.

2.La recaudación de fondos para empresas benéficas fantasmas.

3. La flexibilización de los requerimientos para la adquisición de insumos médicos por parte de los gobiernos.

4. El aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales.

5. La malversación de recursos destinados a ayudas humanitarias y donaciones, entre otros.

 En Colombia, organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación han identificado diversas anomalías en el uso de los recursos públicos, entre las que se encuentran la apropiación de recursos destinados a población vulnerable, el sobrecosto en la adquisición de ayudas humanitarias y la adjudicación de contratos cuyas actividades a desarrollar no coinciden con aquellas propias de la mitigación del contagio o sus afectaciones. Esto ha conducido a la apertura de más de 230 procesos disciplinarios y 670 preventivos.

Se han identificado una serie de recomendaciones y buenas prácticas que pueden implementar supervisores, reguladores y entidades financieras para mitigar la materialización de los nuevos riesgos vislumbrados. Entre ellas, se destacan: (i) permanecer alerta ante el surgimiento de nuevas tipologías, irregularidades y señales de alerta que se puedan presentar; (ii) fortalecer la cooperación entre autoridades competentes y el sector privado para compartir nuevas tendencias, riesgos identificados y acordar herramientas para su mitigación; (iii) fomentar el uso de la identidad digital, según corresponda, para procurar un mayor y mejor monitoreo y transparencia en las operaciones financieras, y (iv) reforzar un Enfoque Basado en Riesgo, tanto en entidades como en supervisión, que permita definir controles más rigurosos en aquellos actores y actividades consideradas de alto riesgo.

 La actual coyuntura requiere de la articulación de los esfuerzos de todos los actores involucrados y de la implementación efectiva de los estándares internacionales del GAFI, la cual no solo debe apuntar a restaurar el nivel de cumplimiento antes de la pandemia del COVID-19, sino también a construir las bases para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de manera continua y sostenible.

Vea también: COVID-19 y los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo