Cuestionan avances de metas para superar pobreza extrema en Cartagena

En esta sesión del Concejo de Cartagena Edgar Arrieta, funcionario encargado del programa Familias en Acción, indicó que en el 2021, se pagaron $24.882 millones en el programa Familias en Acción, $13.821 millones en devolución del IVA, y $49.232 en Ingresos solidarios, en total se pagaron $87.396 millones, beneficiando a 100.343 familias. Agregó que la gestión del programa de Familias en Acción también se ha enfocado en formación a mujeres en programas técnicos y tecnológicos con el SENA.

Otras de las gestiones de este programa se han enfocado en la bancarización de familias, logrando afiliar a 23.598 familias y 51.913 lideres beneficiados en espacios de bienestar comunitario. Sobre la ejecución presupuestal, indicó que la apropiación definitiva del 2021 correspondió a $1.562.367.559, de los cuales se ejecutó el 99% de los recursos. Sobre el presupuesto del 2022, este corresponde a $2.037 millones de los cuales se han ejecutado $1.587 millones, siendo el 77%.

A lo anterior, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) solicitó conocer cuál es el impacto que ha causado la entrega de estos recursos para combatir la pobreza extrema de la ciudad. También agregó que las IPS se encargan desde el sector salud en buscar a los niños para su atención. Agregó que las dependencias del Distrito no unen esfuerzos para combatir la pobreza en la ciudad.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) se refirió a la empresa encargada del pago de Familias en Acción, la cual se cambió y a razón de esto se han presentado retrasos en la entrega de los incentivos. La concejal Liliana Suárez (ASI) mencionó que el programa no cuenta con indicadores para medir el impacto del programa en la reducción de los índices de pobreza.

El concejal Lewis Montero (La U) solicitó información de cuál es el impacto del PES y Familias en Acción en la Localidad 2. También señaló que los funcionarios en los informes de gestión solo hacen presencia para leer las diapositivas. La concejal Claudia Arboleda (MIRA) solicito conocer el motivo por el cual, desde hace 2 meses, hay algunas familias que no reciben incentivos de ingresos solidarios.

Para dar respuesta, Arrieta indicó que el programa está enfocado a garantizar la salud y la educación en los niños, a través del acceso al programa de Control y Desarrollo en las IPS asignadas, también con garantías para la permanencia escolar. Aclaró que no hay usurpación en las funciones de las IPS, lo que se hace es incentivar a las familias para que lleven a los niños al programa de Control y Desarrollo.

Sobre el impacto del Programa en la pobreza, aseguró que sí afectan los indicadores del PES, pero el Programa de Familias en Acción no maneja indicadores propios. Agregó que el Gobierno Nacional es quien cambia el banco que se encarga del giro de los subsidios, y cuando lo hace se presentan caos en los pagos. Por otro lado, indicó que el 64% de las 39.000 familias del Programa Familias en Acción, se encuentran ubicadas en la Localidad 2, la cual es en la que se concentra más la pobreza.

Sobre los incentivos del programa de ingresos solidarios, indicó que los que estén en este incentivo no pueden recibir otros, por lo que en las actualizaciones de las bases de datos, van sacando a las personas de otros subsidios del Estado.

Siguiendo el orden del día, Cielo Blanco, del Plan de Emergencia Social, hizo saber que cuenta con 10 programas que giran entorno a la salud, educación, acceso a justicia, ingreso y trabajo, entre otros. Algunos cumplimientos de metas mencionados por la funcionaria durante el cuatrienio corresponden a:

75% de cumplimiento en proyecto que certifica y capacita en competencias laborales a personas en pobreza extrema; 64% de avance en el proyecto que brinda acceso a personas en pobreza extrema que accedieron al Sistema General de Seguridad Social en salud en articulación con el DADIS; 1.676 personas beneficiadas con comedores comunitarios o universitarios, cumpliendo con el 64%; 519 personas en pobreza extrema accediendo a créditos financieros, entre otras.

En cuanto a ejecución presupuestal en el 2021, Blanco hizo saber que de los $10.773.537.585 se ejecutó el 50%, agregó que cuando entró a la dependencia en el mes de junio, la ejecución solo era del 18%. Sobre el presupuesto del 2022 este es de $9.153.406.882, de los cuales se han ejecutado $2.026 millones.

A lo anterior, el concejal César Pión (La U) indicó que en el Plan de Desarrollo Distrital establece que es el PES quien debe abordar las metas establecidas para disminuir la pobreza extrema y la exclusión social, sin embargo, si no tiene autonomía para ejercer sus funciones no podrá darles cumplimiento a estas.

A su vez, realizó descargos sobre algunos asuntos de ciudad como el ordenamiento territorial, consecución de recursos, atención a población vulnerable, metas sin cumplir del Plan de Desarrollo, Plan de Alimentación Escolar, reactivación económica, entre otros. También agregó que los concejales no son tenidos en cuenta para tocar asuntos como la reactivación económica.

El concejal David Caballero (Conservador) indicó que el PES depende de la articulación con otras Secretarias para avanzar en la superación de la pobreza en el Distrito, ya que no cuenta con el presupuesto para ello, por lo que la funcionaria debe adelantar esa gestión.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) indicó que las metas del Plan de Desarrollo no se podrán cumplir teniendo en cuenta el avance de estas para el cuatrienio, las cuales son muy bajas. Expresó que solicitó varias veces modificar las metas para poder cumplirlas, sin embargo se hizo caso omiso a la sugerencia. Por otro lado, al igual que el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) solicitó información de los comedores alimentarios en la ciudad.

La concejal Claudia Arboleda (MIRA) Pidió conocer cómo el PES prioriza la población que será atendida bajo sus programas. Agregó que el comité intersectorial religioso puede apoyar a cumplir algunas metas que disminuyan la pobreza en la ciudad.

Para dar respuesta, la funcionaria indicó que el Distrito no tiene comedores comunitarios públicos, pero sí existen 19 privados, los cuales no pueden ser acogidos por la Administración porque no lo permite la norma. Mientras se busca la forma de conseguir recursos para la creación de comedores en el Distrito, se hará licitación para entregar Kits alimentarios a familias. Sobre la definición de los lugares en qué intervenir, hizo saber que en el Plan de Desarrollo está establecido los barrios dónde se debe priorizar.

Siguiendo con las socializaciones, el director de la Escuela de Gobierno, Fidel García, indicó que el presupuesto del 2021 correspondió a $2.187 millones de los cuales se ejecutó $1.990 millones correspondientes al 91%. Algunos cumplimientos de metas corresponden a avance en 71% del programa Jorge Piedrahita; se capacitaron 3.658 funcionarios, se abrió la Escuela de Gobierno Virtual la cual cuenta con 6 cursos, apoyo a 20 iniciativas para el fortalecimiento comunitario, entre otras.

En cuanto al 2022, la Escuela de Gobierno cuenta con $2.000 millones, de los cuales a 18 de febrero se habían ejecutado $454 millones. Algunas de las acciones adelantadas en lo que va del año corresponden al apoyo a investigadores del programa Jorge Piedrahita; se registraron 326 funcionarios en la plataforma SIGOB, campañas de sensibilización y pedagogía en cultura ciudadana ambiental en el tema de disposición adecuada de residuos, se han formado a 173 funcionarios en la Escuela de Gobierno Virtual, entre otros.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a un oficio del concejal Cesar Pión (La U) dirigido al EPA en la que pide que el ECO bloque tome acciones frente a la tala de mangles en un sector de Barú.

También se dio lectura a un oficio mediante el cual, la Secretaria de Educación hace una invitación al Concejo a participar en la mesa especial de acompañamiento al Programa de Alimentación Escolar en la ciudad, se llevará a cabo el 5 de abril en el auditorio de la Secretaría de Educación.

Otro oficio leído correspondió a la invitación de la ESE Hospital Universitario del Caribe a la rendición de cuenta de esta, la cual se llevará a cabo el 29 de marzo.

Seguido, ante una duda del concejal David Caballero (Conservador), el presidente (e) Oscar Marín indicó que la socialización del Proyecto de Acuerdo de vigencias futuras para alumbrado público será el martes 23 a las 2:30 p.m. con los concejales, posteriormente se definirá la fecha de la audiencia pública.