Satisfecha con resultados en restitución de tierras se mostró directora Unidad de Restitución: Alcelis Coneo Barboza 

Con casi siete años de aplicación de la política de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras le ha mostrado al país otra cara del Estado colombiano; un Estado que cumple, en el que pueden confiar y que le devuelve la esperanza a miles de familias que hace unos años tuvieron que salir huyéndole a la guerra. Familias que hasta hace poco tenían que instalarse en las zonas marginales de los centros urbanos rebuscándose la vida y que ahora, sin ningún problema, pueden manifestar abiertamente que vuelven a creer en el país, al poder vivir del campo de acuerdo a su vocación.

Por eso, no deja de causar asombro que salga a la luz pública información que, tras una lectura errada de la realidad, busca deslegitimar esta política, sembrando un manto de duda sobre lo que la Unidad de Restitución de Tierras viene haciendo con tanto esfuerzo; sobre todo, cuando las cifras de lo que se ha alcanzado hablan por sí solas. A la fecha, se han identificado más de un millón de hectáreas de tierra con algún tipo de problema o afectación a causa del conflicto armado.

De esta cifra, 300.000 hectáreas ya fueron devueltas a sus legítimos dueños; más de 500.000 se encuentran en los despachos de jueces o magistrados próximas a contar con un fallo; y 200.000 a punto de llegar a los despachos judiciales en forma de demandas de restitución de tierras o territorios.

La Unidad ha recibido alrededor de 114.000 solicitudes de restitución, de las cuales se ha logrado avanzar en más de 86.000 para lograr un importante 76% del total de solicitudes con algún grado de estudio. Esto no hubiera sido posible sin el respaldo directo y el concurso de nuestra Fuerza Pública que ha habilitado gran parte de la geografía nacional para la aplicación de esta política. Sin garantías de seguridad no es responsable adelantar la restitución por el riesgo a la vida que implicaría, tanto a los solicitantes como a los colaboradores de la Unidad, el estudio de casos en zonas en donde aún hacen presencia actores ilegales.

Y como la restitución también le apunta a la sostenibilidad, la Unidad puede reportar la entrega de incentivos para el desarrollo de iniciativas productivas a lo largo del país, así como el apoyo directo que se les ha brindado a cientos de familias para la conformación de asociaciones a partir de esta política, varias de las cuales ya exportan sus productos a países como España, Bélgica, Japón, Estados Unidos y Australia.

Ahora, sobre el tema de las solicitudes recibidas, cifra con la que también pretenden deslegitimar esta política divulgando información errónea sobre cumplimiento de metas, si bien en un principio, el Conpes 3712 de 2011 estimó en 360.000 las solicitudes que se podrían recibir, recientemente se han realizado nuevas estimaciones  por parte de entidades respetadas como el Banco Mundial, USAID y CODHES para medir y pronosticar el potencial número de hechos de despojo y abandono durante la vigencia de la ley. Frente a la información presentada por cada uno de los estudios, se puede afirmar que existe un rango de entre 122.000 y 150.000 posibles solicitudes de ingreso al RTDAF a ser allegadas a la UAEGRTD durante la vigencia de la ley, lo que rectifica desde diversas perspectivas la cifra estimada en dicho Conpes.

Por último, es importante tener de presente que esta política ha marcado un hito en relación a la aplicación de la justicia en el campo colombiano. Litigios por temas de tierra a cargo de jueces civiles que tardaban anteriormente entre 8 y 10 años, hoy con la política de restitución de tierras no duran más de un año en ser resueltos, generando, a su paso, estabilidad jurídica y defendiendo el imperio de la ley en la mayoría de las regiones del país.

Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras,  la vida ha regresado a muchas familias y regiones con progreso y alegría. Así, progresivamente, sin parar, continúan saliendo las decisiones que devuelven las tierras, los derechos y la esperanza a quienes habían sido condenados a una vida indigna por voluntad de los actores armados que obraban como juez y parte en gran parte del territorio nacional.