El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde la Localidad de la Virgen y Turística, Andy Reales Arroyo; a Linda Ruiz Leguizamo y/o Bryan Rodríguez Luna, representante legal del Grupo Ingenious; y a funcionarios públicos que se lleguen a considerar responsables disciplinaria, fiscal y penalmente, por la celebración de un contrato que presuntamente ha violado el régimen de la contratación pública, de acuerdo a los principios de publicidad y transparencia.
El alcalde se refiere al contrato de suministro UM- ALVT -001-2023, que tiene como objeto “ejecutar las acciones que permitan desarrollar generación de ingresos de emprendimiento y empresarismo como asistencia social en las familias en condición de pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística”.
Dicho contrato tiene un valor de tres mil ciento ochenta y cinco millones ciento tres mil ochocientos diecisiete pesos ($3.185.103.817). De acuerdo a la información del contrato en mención, el mismo se justifica en el marco del Decreto 1441 de 2023 por el cual “se declara situación de calamidad pública en el Distrito de Cartagena por las condiciones de riesgo para la ciudadanía a causa de las fuertes lluvias por perturbación atmosférica en el oriente del Mar del Caribe”.
Sin embargo, la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística no realizó ninguna articulación y/o suscribió compromiso* en el plan de riesgo coordinado con el Consejo para la Gestión del Riesgo. Por lo anterior, el alcalde de la Localidad Virgen y Turística,Andy Reales Arroyo, incurre en una presunta violación a la Ley.
Por otra parte, las actividades contratadas no guardan relación con las acciones a desplegar a fin de atender la calamidad pública. Así mismo, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal es tramitado bajo el proyecto del plan “desarrollar generación de ingresos emprendimiento y empresarismo como asistencia social en las familias en condición de pobreza extrema de la Localidad de la Virgen y Turística”, que no guarda relación con el propósito de la calamidad pública que propendía se asumieran acciones para mitigar, corregir, y controlar los efectos de la emergencia a causa de las lluvias.
De otro lado, la relación tiempo y costo presupuestal del contrato no se ajusta a la realidad jurídica y fáctica de la ejecución del mismo, esto si se observa que para este tipo de contratación regularmente se establecen períodos de ejecución entre un mes y tres meses, y normalmente los presupuestos no superan los $600 millones.
El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, también argumenta que, el objeto social del Grupo Ingenious es excesivamente amplio, lo que desdibuja su distintivo como ESAL, teniendo, al parecer, como única finalidad poder participar en cualquier tipo de convenio, sin importar la idoneidad. Es importante resaltar que la ESAL referenciada ya fue denunciada por el mandatario en el “Libro Blanco”, por presentar irregularidades relacionadas en otros contratos celebrados con el Distrito de Cartagena en la vigencia 2017 a 2019.
Hay que destacar que, este contrato está siendo objeto de estudio por parte de la Contraloría y la Procuraduría.
