4 de septiembre de 2020. No solo el aislamiento obligatorio causa preocupación y activa las alarmas por lo que ocurre con las mujeres trans por el aumento de los riesgos que están viviendo, sino la omisión e indiferencia graves y repetidos casos de violencia en lugares de Valledupar, César, y el ejercicio de otras formas de violencia por actores que están motivados por prejuicios contra las personas por su identidad de género y la aversión que se tiene ante el trabajo sexual. En pocas palabras, se gesta un caldo de cultivo basado en la exclusión, el silenciamiento, invisibilización y negación de derechos.
El 03 de septiembre del 2020 a eso de las 11:40, la lideresa Yuliana Ángel Sanabria Ospino en el ejercicio de sus funciones de acompañamiento y seguimiento a las mujeres trans trabajadoras sexuales fue increpada por funcionarios de la Policía Nacional, quienes de manera arbitraria realizaron agresiones verbales y otros actos en el que desconocían la identidad de género de las mujeres trans negando hacer un dialogo por la oficial de género femenino, asimismo, notablemente existía una criminalización del trabajo sexual. El trabajo sexual es realizado a pesar del confinamiento obligatorio, tras cinco meses suspensión de actividades, la ausencia de ayuda estatal y la falta de medios de subsistencia.
En este Departamento y específicamente en Valledupar se ha reportado 5 homicidios, 1 de ellos fue el de la lideresa Leydi Padilla, pero es denotativa la sistematicidad de violencias hacías las mujeres trans, aumentada a las que ejercer trabajo sexual. Se tienen reportes que inician desde el 2018 con el asesinato de la mujer trans migrante venezolana Lili en calle 44 frente a las mallas del aeropuerto Alfonso López de Valledupar y amenazas mediante la que se anunciaba “limpieza social”. Estos hechos de violencias y persecuciones siguieron presentándose en el transcurso del 2019, lo que provocó el desplazamiento de mujeres a otros departamentos. En este mismo año, a finales de octubre se tuvo conocimiento de un video en el que las mujeres trans eran perseguidas por sujetos encapuchados. Para el 2020, se han conocido casos de agresiones, amenazas y una criminalización de las vivencias de las mujeres trans, amplificadas si son migrantes venezolanas.
De la misma manera, es denotativo por el trato diferenciado injustificado por parte de la institucionalidad la ausencia de reconocimiento del trabajo sexual, como una labor con una protección amparada constitucionalmente tal como lo establece la Sentencia T-079-2017 de la Corte Constitucional, lo que se cimenta en acciones con daños. El prejuicio que se tiene el trabajo sexual genera a que se diseñen estrategias que recriminan y revictimizan a las mujeres trans, tales como: carnetización en el que se manifieste no tener VIH para ejercer trabajo sexual (desconociendo la prohibición de la discriminación a los portadores o enfermos VIH/SIDA como lo menciona la sentencia C-248-19), limitación o negación de acceso al espacio público e irrespeto de las zonas de tolerancias. Estas medidas desconocen que el trabajo sexual se constituye en la única forma de vida, nacida de la obligación por los entornos excluyentes.
Por otro lado, evidentemente las autoridades policivas insisten en el desconocimiento de las identidades de género de las mujeres trans lo cual hacen que persistan en la aplicación de enfoque diferencial en sus procedimientos y en ocasiones violar de manera directa el debido proceso. Es importante tener en cuenta que frente a estas ocasiones por vía jurisprudencia y legislativa se ratificado el respeto de las orientaciones sexuales, obligándose la Policía Nacional acatar las directivas en ejercicio del respeto de los derechos de las personas LGBT, asimismo, la protección y el respeto de las vidas de las personas que ejercen el trabajo sexual.
La situación genera una enorme preocupación por la presencia del prejuicio que permea todo el entorno en el que se despliega los derechos de las mujeres trans en Valledupar, lo cual sigue aumentando el imaginario de ser cuerpos depositarios de violencias y de jerarquización de sus derechos. Más aún, cuando el prejuicio no solo es sexual, puesto que se funde con tendencias xenofóbicas, centrándose en el ejercicio de violencias sobre las mujeres trans migrantes venezolanas. Estos actos son realizados tanto por la ciudadanía quienes lo ejercen de manera directa e indirecta por la institucionalidad, al existir una omisión de estrategias verdaderas y con la aplicación de un enfoque diferencial.
Sin lugar a dudas, es necesario que se implemente el enfoque diferencial en el tratamiento de esta situación. Es necesario que se evaluado las dinámicas de la violencia y la existencia del prejuicio hacia la identidad de género y la nacional, además que es fundamental que se habilite una ruta de protección para las mujeres trans trabajadores sexuales pues se han amplificado factores de riesgo para sus vidas. Tenemos conocimiento que estas se encuentran temerosas a posibles represalias y se han visto obligadas a desplazarse del territorio por temor, así que se solicita celeridad y un acompañamiento ante el caso.
Es así que, solicitamos a la Defensoría del Pueblo y su delegada en asuntos de género y de la mujer que realice el seguimiento expreso a este caso, junto a los reportados en Valledupar, puesto que es de conocimiento el alto índice impunidad en estos casos. Es necesario que se realice control, seguimiento y presión a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos, con énfasis en identificar a los responsables del caso. Esta investigación debe ser libre de prejuicios por parte de los funcionarios, sin criminalizar a Patricia y construyendo hipótesis que permitan comprender el contexto en el que ocurre este grave delito, y las causas del mismo.
De la misma manera, como organismo garante de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género exhortamos a que solicite a una mesa de casos de urgentes para realizar un abordaje integral a la situación de las personas LGBTI en el departamental, en el que se toque la ola de violencia sistemática, las dificultades por el COVID-19 y estrategias para garantizar la seguridad a los ciudadanos y ciudadanas, asimismo garantizando la participación de todos los actores del departamento.
