Desproporcionada detención de hombre que supuestamente iba a lanzar granada contra la fiscalía

Como desproporcionada e irracional calificó el abogado penalista Luis Fernando Ortiz Anaya, la medida de aseguramiento dictada por un juez contra Bruce Alberto Zúñiga Jiménez, quien supuestamente iba a lanzar una granada contra la fiscalía de Crespo, la cual era un «paquete» de 19 denuncias y documentos que ese ente no ha tenido en cuenta en favor de su defendido.

El jurista le dijo a Mundo Noticias que se apeló esa determinación porque el cuadro punitivo del delito de amenaza no da para una medida de aseguramiento y lo segundo es que nunca existió un elemento de prueba contundente, ya que la supuesta granada nunca existió, es decir no hubo granada y tampoco agresiones.

Manifestó que el señor Zúñiga Jiménez, quien sufre de delirio de persecusión y depresión, se presentó a la fiscalía del barrio Crespo en Cartagena, a reclamar el porqué no han atendido sus denuncias, los vigilantes se burlaron de su cliente y éste en respuesta dijo que iba a tirar una granada, la cual, insistió, nunca existió ya que solo era una carpeta con un mamotreto de denuncias y documentos.

Señala, que entonces no se puede hablar de amenazas, además sostiene que su cliente es inimputable debido a la enfermedad mental que padece, y además no se puede hablar de una amenaza cuya pena no es superior a cuatro años, por lo tanto la medida es desproporcionada, ya que la ley es clara en este tipo de medidas, cuando hay terroristas o bandas criminales y mi defendido no tiene antecedentes penales, tiene una enfermedad psíquica lo cual lo hace inimputable ante la ley.

Dijo que apeló la medida porque se trata de un padre de familia, con hijos, entre ellos uno menor de edad, no tiene antecedentes penales, es una persona que tiene estudios de seguridad, es instructor de escoltas, y no es un delincuente ni una amenaza para la sociedad.

Puntualizó que es inconcebible que un juez implemente una medida tan gravosa, pese a la debilidad mental que padece su cliente, quien está amenazado por una denuncias que hizo en años anteriores.

En su información oficial la fiscalía dijo que: «El procesado, de 44 años, llegó vestido con prendas tácticas y en estado de alteración golpeó la puerta de ingreso a la institución, y les advirtió a los guardias de seguridad que si no lo atendían de manera inmediata explotaría una granada de fragmentación.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la Policía Nacional lograron controlar la situación y al hacerle una requisa al hoy imputado, no le fue hallado artefacto explosivo.

Continuando con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer y judicializar los delitos que afectan la seguridad ciudadana, el ente acusador le imputó el delito de amenaza, el cual no aceptó».