Por: Freddy Machado
En memoria de Luis Chinchilla que luchó por esta causa desde el Edificio de la 10a.
Los servidores de los juzgados penales en Colombia están cansados de gritar que están colapsados y nadie los escucha. Esta situación insostenible nos evidencia que los gerentes de la justicia en Colombia no conocen la realidad de la especialidad penal. Es muy complejo y desesperanzador para un servidor, el hecho de tener conciencia que sus superiores -los gerentes de la justicia- desconocen los hilos y el día a día de la misión de sus dirigidos.
En este caso, es un despropósito, el haberle apostado a los flamantes “centros de servicios” y en su momento, mostrarlos como la “panacea” que le daría una mayor dinámica al sistema penal acusatorio. Esa pifia es la demostración más elocuente de los equívocos en la dirección de los juzgados penales.
El hecho de reducir la nómina de tales juzgados para darle paso a los Centros de Servicios incrementó los problemas de salud mental en la Rama Judicial pues con una nómina tan limitada, los juzgados penales asumieron una carga superior a su capacidad de respuesta. La pandemia incidió en un mayor desgaste de los servidores pues ahora les corresponde atender dos escenarios: el de la presencialidad y el de la virtualidad (plataformas).
Lo peor es que se le sigue dando continuidad a un proyecto fallido solo por la “arrogancia” y física obstinación de los directores de la justicia.
Una manera de restablecer ese irregular estado de cosa es, ordenado desmontar los centros de servicios. Es que lo que nació mal debe corregirse pues, insistimos, está en juego la salud mental de los servidores.
A su vez, si los juzgados penales de conocimiento y de garantías de Bogotá están recibiendo más de 10 tutelas, descuidan su misión pues los términos de estas acciones constitucionales exigen una dedicación en exclusiva. Es bueno pensar en que se autorice un reparto extraordinario de estas tutelas a algunos jueces de la región que no tengan tanta carga a manera de una solución transitoria y mientras se aumentan las plantas de personal.
Está demostrado también que las preferencias son por atender las solicitudes de aumento de planta de personal de las altas cortes mientras se aplazan los urgentes pedidos de los juzgados municipales y del circuito de las especialidades penal, laboral, familia y civil. Sin duda, esa postura está pasando una cuenta de cobro a la judicatura pues todos somos espectadores de semejante desequilibrio. Los gerentes de la justicia no pueden favorecer a quienes tienen mejores oportunidades para ser escuchados por el gobierno.
El drama que se vive en la jurisdicción penal exige un mayor compromiso de la Judicatura. Es necesario un acompañamiento más directo, conocer las estadísticas a plenitud, descifrar los tiempos de duración de las audiencias, tener en cuenta las herramientas con las que efectivamente se cuenta y las situaciones que afectan la dinámica de los juzgados.
Esa es la verdadera función de la gerencia de la justicia. Si la Judicatura acompaña y revisa la mecánica de los juzgados, desde hace muchos años el nefasto proyecto de los centros de servicios creados con parte de la planta de personal de los juzgados penales, ya harían parte de la historia de los equívocos en la justicia colombiana. Bueno, siendo más benevolentes, Centros de Servicios y Oficinas de Apoyo SÍ, pero sin afectar la planta de personal de los juzgados.
