Por: Germán Danilo Hernández.
Hace poco más de tres décadas hice los primeros recorridos por el sur de Bolívar para informar, como reportero del Noticiero de las 7, de la televisión nacional, sobre las consecuencias de inundaciones en la zona. Impactado por las devastadoras escenas y casi al borde de las lágrimas, creí inicialmente que se trataba de un acontecimiento “sin precedentes”, pero pronto comprendí que para los campesinos afectados era una tragedia incorporada cíclicamente a sus vidas. Así lo demostraban las rústicas viviendas palafíticas, y las llamadas “trojas”, construidas al interior de éstas para poder convivir con las aguas desbordadas.
En los años siguientes regresé muchas veces a cubrir las mismas noticias cada vez que los ríos Magdalena, Cauca o San Jorge se salían de sus cauces, alternando entonces con los frecuentes enfrentamientos entre ejército y guerrilla; luego las seguí viendo en los diferentes medios informativos. El proceso de paz logró atenuar las confrontaciones bélicas, pero no ha ocurrido lo mismo con los embates de la naturaleza.
En lo que podría ser una decisión histórica, el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, con sus homólogos de Sucre y Córdoba impulsan una solución que consideran definitiva a las emergencias causadas por las inundaciones en la Mojana, logrando comprometer en su ejecución al presidente de la República, Iván Duque, con quien se reunieron recientemente, en el marco de un nuevo episodio de desbordamientos, damnificados, y cuantiosas pérdidas económicas en los sectores agrícolas y ganaderos.
Se trata de la construcción de un dique en el margen izquierdo del río Cauca, de 57 kilómetros con 33 compuertas, complementado con el dragado de todo el sistema de caños, ciénagas y de ríos, que pondría punto final a una historia de desventuras. Según lo que ha trascendido, el proyecto será declarado como estratégico a nivel nacional, e inclusive se acordó una modificación de la Ley de Regalías para que los departamentos puedan hacer uso de esos recursos para esta subregión. Findeter sería la ejecutora de las obras, que empezarían en diciembre de 2021, con una inversión estimada de un billón de pesos.
Algunos entendidos en la materia se han anticipado a señalar que esa no sería la solución definitiva, si se tiene en cuenta que el solo dique no podría contener el desbordamiento de los afluentes, y se requiere resarcir, por lo menos en parte, los daños causados al ecosistema de la subregión por la expansión de las tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería, mediante el cegamiento de vertederos, a través de los cuales los ríos canalizan sus fuerzas, alimentando ciénagas y caños.
Sin desconocer esa realidad, es plausible que el gobierno central se sume a los esfuerzos departamentales para avanzar en soluciones estratégicas y estructurales, a las que pueden seguir fases complementarias, sin bloquear el dique de la esperanza.