El poder de los togados

Por: Germán Danilo Hernández.

Desde la formación básica primaria se nos enseña que conforme a la concepción de Montesquieu, el poder público está dividido en tres ramas que garantizan  equilibrio en el manejo del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. No obstante, las fronteras entre éstos se diluyen cada vez con más frecuencia, y sus representantes saltan de un patio a otro a la hora de tomar decisiones.

El más reciente episodio de esa confrontación de poderes en Colombia, se da por cuenta del fallo de un Juez que ordena al gobierno exigir la presentación de pruebas PCR a visitantes extranjeros, y éste se niega a acatarlo, por ir en contravía de las estrategias que en materia de salud pública y de reactivación económica definió el ejecutivo.

El país está dividido entre quienes consideran que el gobierno  debe acatar la sentencia, y otros que descalifican al Juez por pretender gobernar mediante providencias. Más allá de asumir posición en uno u otro sentido, este hecho me motiva una reflexión sobre si podría contemplarse a futuro el poder ejecutivo de los togados.

Dado que los fallos de los jueces son de obligatorio cumplimiento, y teniendo en cuenta que proliferan sentencias que suplen procedimientos ejecutivos, muchos verían con buenos ojos que las necesidades más sentidas por los colombianos, que no han sido resueltas por la paquidermia estatal, la tramitomanía, la corrupción o la indolencia, pudieran ser superadas por la vía de sentencias acatadas.

Aunque esto pudiera parecer  “mamadera de gallo”, o una especulación basada en erróneas interpretaciones de los vasos comunicantes entre los poderes públicos, solo me asiste el onírico deseo de que surja una corriente de pensamiento que de origen a una mayor efectividad de cada rama en el cumplimiento de sus obligaciones, con la aceptación de ser sustituidas por otras, ante sus reiteradas falencias.

Así, por ejemplo, ante la marcada impunidad que propician algunos jueces y fiscales, por su actuar premeditadamente distorsionado, o por la inacción para permitir, por ejemplo, el vencimiento de términos en escandalosos procesos delictivos, el gobierno pudiera emitir decretos para corregirlos.

Y así como muchos magistrados y jueces son más efectivos tomando decisiones ejecutivas mediante sentencias, que cumpliendo su deber de administrar justicia, les podría ser permitido, que emitan fallos que ordenen, por ejemplo, la eliminación de la pobreza extrema, la adecuada prestación de los servicios de salud y educación, la ejecución de aplazadas obras de infraestructura, hasta el reajuste digno del salario mínimo. Así los togados lograrían de un plumazo, lo que no han podido hacer por décadas legisladores, presidentes, gobernadores, y alcaldes.

Obviamente desde los mismos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no se admitirá nunca que otro se meta formalmente a su rancho y se conservarán en sus dignidades, cubriéndose mutuamente sus falencias, porque más allá de la justicia y la acción de gobierno, lo que realmente importa es la conservación del poder.