La Asamblea Departamental fue escenario de una audiencia pública donde se debatió lo relacionado con el Macroproyecto del Canal del Dique, y a la cual fueron citados Cormagdalena, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y representantes de la empresa responsable de este ambicioso proyecto que demandará inversiones por más de 3.2 billones de pesos.
Para esta audiencia estaban citados el Director de CORMAGDALENA, Álvaro Redondo; el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Fernando Hoyos; el Gerente de proyectos fluviales y portuarios de Sacyr S.A., Germán Díaz; y el Gerente de la concesión del Canal del Dique, Germán de la Torre, informó el Observador de la Asamblea de Funcicar.
El diputado Jorge Rodríguez expresó que la audiencia se realizaba debido a las inquietudes manifestadas por las comunidades en relación con el megaproyecto. En este sentido, uno de los objetivos de esta es conocer cómo las comunidades se van a beneficiar de las obras. Además, preguntó qué política pública estará definida para el manejo de aguas y recuperación de tierras.
En primer lugar, intervino Claudia Martínez, profesional especializada de la dirección de Desarrollo Sostenible y Navegación de COORMAGDALENA, quien señaló que la entidad tiene un contrato para realizar el seguimiento del megaproyecto. Presentó una línea de tiempo en la que destacó acciones como la realización de consultas previas durante el período 2019-2022, el convenio ANI-CORMAGDALENA, la adjudicación del contrato de la Alianza Público Privada Canal del Dique, y la creación de un Comité Técnico conjunto entre la ANI y CORMAGDALENA, entre otras actividades.
Martínez informó que el proyecto tiene como beneficiarios a alrededor de 1.506.000 habitantes, distribuidos en 10 municipios de Bolívar; 8 municipios del Atlántico y 1 en Sucre. Los objetivos del proyecto son principalmente ambientales, enfocados en el control de inundaciones y niveles de agua en el Canal, el mantenimiento de la navegación fluvial, y la preservación del recurso hídrico en el Canal, entre otros aspectos.
En cuanto al alcance del proyecto, se mencionó que se llevará a cabo una redistribución del agua en la zona de Puerto Badel, y se reducirá en la esclusa de Calamar. Las obras del proyecto están diseñadas para la restauración, la regulación hídrica, el mantenimiento de la navegación, la protección de las comunidades y la garantía del recurso hídrico. Entre las obras mayores figuran la esclusa Calamar y la esclusa de Puerto Badel, además de 34 obras menores que incluyen pasos para peces, mejoras de vías y canales de aprovisionamiento, entre otras.
Se informó que se llevaron a cabo 16 consultas previas con comunidades étnicas en el proceso. Finalmente, se detallaron los avances realizados hasta la fecha, que incluyen la entrega de infraestructura de un canal navegable, el acuerdo de cesión parcial del instrumento ambiental aplicable al proyecto, entrega de información a la ANI y el avance parcial de la transferencia del recaudo tarifario.
A continuación, Diego García, delegado de la ANI, resaltó la importancia del plan hidrosedimentológico como el documento rector de las obras. Explicó que el proyecto se divide en dos partes: un plan macro que se ejecuta en coordinación con CORMAGDALENA y se financia a través del contrato de concesión; y un plan micro que es llevado a cabo por el concesionario.
El diputado Mario del Castillo realizó una sugerencia para que el delegado de la ANI compartiera las respuestas del cuestionario previamente enviado. García respondió que el cuestionario fue abordado de manera conjunta con los otros citados, y que las preguntas serían contestadas en la siguiente parte de la presentación.
En este sentido, Germán de la Torre, Gerente de la concesión Canal del Dique, subrayó que el proyecto tiene como objetivo potenciar el desarrollo social y económico de la región. Además, mencionó que la ejecución del proyecto estará a cargo de Ecosistemas del Dique, la concesionaria que forma parte de Sacyr Concesiones. Detalló que el área de influencia abarca 435.101 hectáreas, de las cuales 238.227 son marinas y 196.824 son terrestres. El proyecto se divide en tres etapas: pre-construcción, construcción y operación/mantenimiento. Actualmente, se encuentra en la primera fase, que tiene una duración total de 18 meses, de los cuales ya han transcurrido tres.
Prosiguiendo con la audiencia, se abrió espacio para escuchar a la ciudadanía. El representante de la Red de Pobladores del Canal del Dique manifestó que la comunidad tiene inquietudes debido a experiencias negativas con intervenciones anteriores. Presentó diversas solicitudes, como el acceso a la educación para los jóvenes, un diagnóstico real de las condiciones de salud, acceso a agua dulce, cumplimiento de proyectos productivos, mejoras en infraestructura y conectividad, entre otros.
Por otra parte, el ciudadano Carlos Castillo realizó preguntas relacionadas con las hectáreas de playones comunales o bienes de uso público identificados por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en las 19 entidades territoriales y municipios dentro de la zona de influencia del Canal del Dique. También solicitó información sobre los bienes de uso público y playones comunales identificados, el impacto del proyecto de Recuperación Ambiental de los Espacios Biodegradados del Canal del Dique en estos bienes, la base de datos de organizaciones sociales de base comunitaria y otros temas relacionados.
El diputado Jorge Rodríguez planteó interrogantes sobre cómo se logrará un equilibrio entre los beneficios ambientales y los beneficios para las comunidades afectadas. También cuestionó cómo se mantendrá el proyecto después de 15 años, cuál será la política aplicada a los baldíos y cuál es el plan de acción de los beneficios de la inversión social.
Seguido, el diputado Mario del Castillo señaló la necesidad de una cooperación eficiente entre las entidades involucradas para asegurar una rentabilidad social. Además, solicitó que se diera la palabra a los funcionarios para que respondieran a las inquietudes planteadas por la comunidad y los diputados.
Diana Vargas, asesora de CORMAGDALENA, recordó que el enfoque primordial del megaproyecto es restaurar los sistemas afectados, lo que conllevará oportunidades para las comunidades. Subrayó que el plan macro abarca el impacto regional, incluyendo aspectos como fortalecimiento institucional, desarrollo y aspectos sociales, lo que contribuirá a la construcción de una política pública.
Además, Germán De la Torre, recalcó que el concesionario se hace cargo es del plan micro. Aun así, contempla un programa de responsabilidad ambiental y social que se construirá con cada uno de los actores. Con este se busca diseñar proyectos de desarrollo sostenible que perduren en el tiempo.
El diputado Jorge Rodríguez consultó cuándo comenzarían estos procesos. Diana Vargas respondió que el plan macro está diseñado para desarrollarse en un lapso de 10 años y actualmente se encuentra en la fase de prealistamiento.
Finalmente, el presidente de la Asamblea José García mostró satisfacción con la presentación de los funcionarios y expresó su deseo de que los objetivos planteados se cumplan en beneficio de las comunidades.
