Gracias a la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría General de la República ha logrado rescatar 60 proyectos en el departamento de Bolívar, por un valor registrado de $89.996 millones, dentro de los que se cuentan los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de Zambrano, Arroyohondo, Córdoba y San Juan Nepomuceno y las Unidades Primarias de Atención en Salud (UPA) de Barú, Arroyo de Canoas, Puerto Rey y la Institución Educativa Villas de Aranjuez.
La Contraloría General, a través del Diagnóstico Nacional de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos, ha identificado 84 proyectos que aún siguen activos y ascienden a $411.845 millones, en el departamento de Bolívar.
Entre los proyectos con mayor cantidad de recursos invertidos, se encuentran:
(1) la concesión para la construcción y mejoramiento de la Vía Transversal Barú con un total de $60.042 millones invertidos, elefante blanco del sector transporte;
(2) la construcción y dotación de 22 Centros de Desarrollo Infantil (Barranco de Loba), por un total de $22.950 millones, elefante blanco del sector educación;
(3) infraestructura hospitalaria Cartagena DADIS (Unidades Primarias de Atención – UPA El Pozón), por un valor de $22.385
millones, elefante blanco del sector salud.
Los sectores que presentan mayores inversiones en riesgo en proyectos catalogados como Elefantes Blancos y Obras Inconclusas en este departamento, son:
(1) el sector Salud y Protección Social, con veinte (20) proyectos por un valor de $114.783 millones;
(2) el sector Educación, con veinte (20) proyectos por un valor de $90.491 millones;
(3) el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, con diez (10) proyectos por un valor de $23.856 millones.
Más de $23 mil millones podrían estar en riesgo por obras inconclusas o sin uso en cárcel de Cartagena
La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para determinar posible pérdida de dineros públicos en la construcción de la obra de infraestructura modular en la cárcel de Cartagena, en el departamento de Bolívar.
Producto de una Actuación Especial de Fiscalización a la USPEC y al INPEC, realizada en el 2023, se abrió esta indagación preliminar luego de determinarse un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de $23.219 millones.
La Contraloría Delegada para el Sector Justicia realizó un recorrido por tres pabellones, los cuales se encontraban sin uso. La obra se pagó en el 2020 y al momento de la visita del grupo auditor aún no entraba en funcionamiento.
Actualmente el tema se encuentra en indagación, para verificar qué tanto se han implementado las medidas correctivas o si persisten inconsistencias en el uso de dichas obras.
Centro de preparación y distribución de alimentos tampoco funciona
Las obras adelantadas en el rancho de la prisión también son investigadas. El contrato de obra se entregó a satisfacción y se liquidó en el 2022, sin embargo, la Delegada de Justicia, en la más reciente visita realizada en junio pasado, verificó que aún no se encontraba en uso. La puesta en funcionamiento no ha sido posible, pues aún no cuenta con los elementos mínimos de operación y de dotación respectiva.
A pesar de haber sido pagada la construcción del rancho, actualmente no se está utilizado el espacio entregado por parte del contratista, lo que evidencia un menoscabo a los recursos públicos por valor de $1.148 millones.
Los responsables de la alimentación organizan y distribuyen la comida a la intemperie en la cárcel. los alimentos llegan en vehículos particulares, en una zona al aire libre se realiza el alistamiento, la distribución y asignación sin las condiciones mínimas de salubridad.
Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por irregularidades en obras de saneamiento básico en Cantagallo, Bolívar
La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.848 millones, por el mal manejo de los recursos de regalías invertidos por el municipio de Cantagallo, Bolívar, en el proyecto de obra de saneamiento básico de este municipio.
El proceso de responsabilidad fiscal se falló al revisar el Contrato Interadministrativo No. 044 del 03 de diciembre de 2008, que tuvo como objeto «Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la construcción (incluye diseño) de las obras de Saneamiento Básico en el municipio de Cantagallo (Bolívar)», dado que las obras no fueron ejecutadas en su totalidad y no
cumplieron con su finalidad, catalogándose como inconclusas e inservibles, que no permiten una funcionalidad.
La cuantía del daño indexada es de cerca de $1.849 millones y se falló en contra de los ex alcaldes del municipio para la época de los hechos, ex secretario de planeación municipal, representante legal de la empresa contratista e interventoría.
