En Cartagena Congreso Nacional de la Infraestructura
¿Por qué una obra anunciada no siempre consigue financiación? Cinco preguntas que definen su futuro
En la antesala del Congreso Nacional de la Infraestructura, la discusión sobre cómo llevar los planes a la ejecución pasa por una condición decisiva: que los proyectos puedan responder a las exigencias de bancos, fondos y multilaterales.
Tener una obra anunciada, un diseño listo o una necesidad evidente no basta para conseguir financiación. Antes de comprometer recursos, bancos, fondos y multilaterales necesitan saber quién pagará, qué pasará si la construcción cuesta más de lo previsto y si existen las condiciones para ejecutar el proyecto. Sin esas respuestas, una iniciativa puede quedarse en el papel, por necesaria que sea.
Ese será uno de los asuntos que atravesarán las conversaciones del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que reunirá a Gobierno, constructores, banca e inversionistas del 25 al 27 de noviembre en Cartagena. Bajo el lema “Del plan a la obra”, el encuentro abordará cómo se financiarán las obras a partir de 2027, mientras el nuevo Gobierno prepara su Plan Nacional de Desarrollo y recibe una cartera de proyectos en distintas etapas de avance.
Las cifras muestran la dimensión del desafío. Mientras las concesiones de cuarta generación (4G) se acercan al 93 % de avance, con inversiones superiores a $67 billones, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el programa de quinta generación (5G) suma una inversión prevista de $45,7 billones en 13 proyectos, de los cuales ocho no registraban avances de obra a mitad de año, según datos de la CCI.
Para entender qué necesita un proyecto para conseguir recursos, hay un concepto clave: la bancabilidad. Se trata de las condiciones que permiten al financiador confiar en que la obra generará el flujo de caja necesario para pagar la deuda durante la construcción y la operación. Cuando esa certeza no existe, el cierre financiero puede demorarse o no llegar.
“Al final, lo que importa es que el banquero pueda dormir tranquilo. Eso significa que el proyecto está estructurado de tal forma que tiene garantizado el flujo de caja para repagar la deuda y que los riesgos de construcción están acotados”, explica Pablo Jaramillo, socio de Jaramillo Córdoba De Vivero (JCD).
Desde su experiencia en estructuración y asuntos de infraestructura, los socios de la firma identifican cinco preguntas que deben resolverse antes de obtener financiación.
1. ¿Quién paga y está obligado a hacerlo?
La fuente de pago es el punto de partida. En una concesión vial, puede combinar peajes y aportes del Estado mediante vigencias futuras; en un puerto o un proyecto de energía, depende de quien compra el servicio.
Los financiadores buscan obligaciones de pago firmes, causales de terminación limitadas y garantías ante incumplimientos. También revisan que el plazo y la moneda de esos ingresos coincidan con los de la deuda.
“El banco no presta contra una obra; presta contra un contrato que le asegura ingresos. Si ese contrato es débil, el proyecto también lo es, por muy necesario que sea”, señala Rodrigo De Vivero, socio de JCD.
2. Si algo sale mal, ¿quién responde?
Un accidente, un retraso o un sobrecosto pueden afectar directamente la capacidad de pagar la deuda. Por eso, no basta con identificar los riesgos: es necesario establecer quién los asume y cómo responderá.
La sociedad del proyecto adquiere obligaciones frente al Estado, terceros o los bancos, pero suele contratar la construcción y la operación con otras empresas. Si los riesgos que asumió no se trasladan a esos contratistas en los mismos términos, puede quedar expuesta a obligaciones que afecten su capacidad financiera.
3. ¿Cuánto cuesta realmente el proyecto?
El presupuesto también debe dar certezas. Cuanto más definidos estén los precios de construcción y operación, menor será la incertidumbre del modelo financiero frente a factores como la inflación o la tasa de cambio.
Los contratos a precio global fijo reducen esa exposición y permiten establecer con mayor claridad cuánto dinero se necesitará para ejecutar el proyecto. Para quien financia, conocer el costo real es fundamental para evaluar si los ingresos previstos alcanzarán para cubrir las obligaciones.
4. ¿Están disponibles los terrenos y se puede construir?
La gestión predial, ambiental y social puede marcar la diferencia entre una obra adjudicada y una que efectivamente comienza. Tener los diseños listos no resuelve los obstáculos que puedan existir sobre el territorio.
En Colombia, por ejemplo, la admisión de una solicitud de restitución de tierras saca provisionalmente del comercio el predio involucrado y puede frenar el trámite de la licencia ambiental.
“Muchos proyectos se anuncian con el diseño listo y los predios por resolver. Para un banco, ese orden debería ser el inverso: lo primero que quiere saber es que el proyecto puede construirse donde se dijo que se iba a construir”, afirma Nicolás Córdoba, socio de JCD.
5. ¿Se van a respetar las reglas?
Los financiadores también evalúan a la contraparte y la estabilidad de los compromisos adquiridos. Que se mantengan las vigencias futuras, que los pagos lleguen a tiempo y que las reglas no cambien a mitad del camino incide en el costo y la disponibilidad del crédito.
La CCI ha advertido sobre recortes de vigencias futuras que ponen en riesgo proyectos priorizados y ha registrado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados entre 2023 y 2025. Estos factores hacen parte del contexto en el que se toman las decisiones de financiación.
La financiación comienza antes de buscar el crédito
De cara al congreso, el análisis plantea una tarea para el sector público y privado: incorporar las condiciones de financiación desde la estructuración. Sondear a la banca antes de abrir los procesos, resolver o asignar con claridad los riesgos prediales, ambientales y sociales, dar certeza sobre la fuente de pago y alinear los contratos del proyecto son condiciones para convertir los anuncios en obras.
“Un cierre financiero no es un trámite al final del camino. Es la prueba de que el proyecto quedó bien estructurado desde el principio. Los abogados no deberíamos ser el lugar donde los proyectos se quedan esperando: nuestro trabajo es anticipar lo que va a preguntar el financiador para que la obra arranque”, concluyen los socios de JCD.




