Por: Germán Danilo Hernández
El comienzo de cada año resulta traumático para los ciudadanos que deben soportar especulaciones en tarifas de productos y servicios, por cuenta de la supuesta búsqueda de equilibrio entre los aumentos de materias primas, márgenes de intermediación, entre otras figuras de la dinámica económica, y por falta de adecuados mecanismos de regulación.
Uno de los sectores que evidencian desmedidos abusos en los cobros a los usuarios es el del transporte público, especialmente de taxis, y de vehículos al servicio de las llamadas aplicaciones de movilidad, que a pesar de su condición irregular, operan libremente.
En atención al principio de legalidad, mientras no exista un acto administrativo que derogue al anterior, este sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento; en tal sentido las tarifas para el servicio de taxis en Cartagena están determinadas por el decreto No. 0423 del 22 de marzo de 2023, el cual establece que la tarifa de la carrera mínima es de $8.800, con recargo nocturno de $800. No obstante la citada norma es letra muerta para propietarios y conductores de los carros amarillos.
La tarifa mínima, que regía desde el Centro Histórico hacia los barrios Lo Amador, El Espinal, El Cabrero, Canapote, Pedro Salazar, Pablo VI, Santa Rita, Torices, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Marbella, Manga, Barrio Chino, Crespo, Pie de La Popa y Pie del Cerro, aumentó sin justificación, ni socialización previa, a niveles superiores al 100%.
Durante las actividades programadas por la Administración Distrital en el marco de la recuperación del Centro Amurallado, bajo la denominación de “Cartagena Vive Tu Plaza”, centenares de familias cartageneras y visitantes se volcaron al disfrute de una nutrida agenda cultural y festiva, pero en muchos casos su retorno a casa en taxis les amargaba la noche. Fui testigo presencial de una especie de preacuerdo tarifario mediante el cual numerosos conductores, apostados frente al Camellón de los Mártires, decidieron imponer cobros desde ese punto de $15.000 a Bocagrande y $25.000 a Crespo, cuando aún el reloj de la torre no marcaba las 10:00 PM.
La práctica ha seguido extendiéndose a horarios diurnos y en la mayoría de los casos la negociación de una carrera, que en cualquier otra ciudad del país puede costar $7.000, en Cartagena se parte de $15.000 pesos, y dependiendo del ejercicio del usuario del “derecho al pataleo”, puede llegar a $13.000. Pero por los lados de las aplicaciones móviles, que en algún momento resultaron una alternativa de economía, las cosas son iguales o peores; el “precio recomendado” de InDrive para un recorrido corto, por ejemplo, se fija ahora en $13.900.
Así las cosas los usuarios de esos servicios están desprotegidos ante la ausencia de acciones de regulación para una modalidad de transporte irregular, y la inaplicabilidad de una norma hecha trizas que da vía libre a la desmedida especulación sobre ruedas. Ya es tiempo que prime la sensatez del gremio de transportadores, o la mano firme de las autoridades, para que retorne la cordura en las tarifas. Al momento de escribir esta columna, las partes estaban conversando al respecto.
