La Fiscalía General de la Nación judicializó ante una juez de control de garantías a la funcionaria judicial Blanca Patricia Márquez Ricaurte, quien está siendo investigada como presunta responsable del delito de testaferrato.
De acuerdo con la investigación, el 14 de febrero de 2019 la procesada habría adquirido una casa-finca en un condominio en Pereira (Risaralda). El costo fue de por 220 millones de pesos, a pesar de que el valor de dicho bien es cercano a los 1.500 millones de pesos. El pago fue hecho de contado.
El material de prueba recaudado por el ente investigador determinó que sobre dicho inmueble existen medidas cautelares de extinción del derecho de dominio, debido a que el mismo haría parte del patrimonio ilegal de John Fredy Zapata Garzón, alias Mesi o Candado, presunto financista y encargado de lavar dinero para la organización criminal Clan del Golfo.
Labores de policía judicial evidencian que la investigada, quien se desempeña como fiscal asignada a delitos de violencia intrafamiliar en Ibagué (Tolima), habría prestado su nombre para figurar como propietaria del inmueble, y de esa manera, evadir las acciones que sobre el mismo pudiera imponer la justicia.
En desarrollo de las audiencias concentradas la juez del caso legalizó la captura de la procesada, a quien le fue incautado su celular.
Tras audiencia de formulación de imputación la hoy imputada negó su responsabilidad en los hechos investigados. Por petición de la Fiscalía la juez de control de garantías impuso a Márquez Ricaurte medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.
