La Cámara Colombiana de la Infraestructura y los Consejos Gremiales de Atlántico y Bolívar en cartas a los alcaldes de Cartagena y Turbana, expresaron su preocupación por la problemática de orden público que se está presentando en los peajes de Marahuaco (vía al Mar) y Pasacaballos en Turbana, por la vandalización de estas infraestructuras y los actos violentos contra los trabajadores de esas concesiones.
Por lo tanto, les exigen adoptar las medidas para garantizar el orden público y brindar las condiciones necesarias para el recaudo de la tarifa de peaje, lo cual pone en riesgo la viabilidad de un proyecto público y ello podría generar un daño patrimonial.
Barranquilla D.E.I.P, 22 de marzo de 2023.
Doctor
WILLIAM JORGE DAU CHAMATT
Alcalde
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena
Doctora
ANA MARÍA GONZÁLEZ
Alcaldesa (E)
ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena
Respetados doctores González y Dau, reciban un cordial saludo.
De la manera más atenta, la Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI Seccional Norte, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar, expresamos nuestra preocupación por la problemática de orden público que se está presentando en la estación de peaje de Marahuaco ubicado en el Kilómetro 16 de la Vía Cartagena – Barranquilla; administrado por la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. Lo anterior, a consecuencia de la vandalización reciente de las infraestructuras de peaje y los actos violentos contra los trabajadores de las concesiones.
Como es de su conocimiento, el modelo de concesiones en Colombia ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de transporte público vial, la cual, a su vez, es esencial para impulsar la competitividad y el desarrollo socioeconómico de las regiones. Este modelo se basa en la inversión privada realizada por los concesionarios, quienes están obligados a cumplir con las especificaciones de la obra contratada y los plazos establecidos por las entidades financieras, así como el mantenimiento de la vía desarrollada.
La implementación de este modelo implica establecer una tarifa de peaje que tenga en cuenta los beneficios que la infraestructura proporciona a los usuarios, así como el costo que representa el mantenimiento y operación de la vía utilizada por los mismos vehículos; esto es lo que garantiza una financiación sostenible. Una vez que concluye el período de la concesión, la obra construida se convierte en propiedad del Estado, lo que contribuye al progreso y la mejora de la infraestructura del país.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que garantizar el orden y la protección del bien público es menester de entidades territoriales como las que usted representa, respetuosamente llamamos su atención frente a la necesidad imperante de realizar las gestiones pertinentes a las que haya lugar para cumplir con dicho fin.
De esta manera, se estaría garantizando la protección del recurso público del estado, sin causar detrimentos patrimoniales para la Nación. Esto, teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional mediante sentencia C-200 de 2021, donde indica que “el denominado peaje consiste en la tasa que el usuario de una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que haga posible y eficiente el transporte terrestre.”. En este sentido, es deber de las autoridades territoriales garantizar el recaudo de las tasas por la utilización de la infraestructura pública, con el fin de preservar su sostenibilidad financiera, y evitar de esta forma la causación de un detrimento del recurso público.
Así mismo, se estaría garantizando la seguridad y convivencia ciudadana, que, de acuerdo con lo establecido en numeral 2 del artículo 315 de la Constitución Política, es responsabilidad de los alcaldes, como primera autoridad de policía, mantener el orden público en su municipio.
Para cumplir con este deber, la misma disposición prevé que la Policía Nacional debe cumplir con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Por lo tanto, respetados doctores González y Dau, en la medida en que los alcaldes municipales o distritales no garanticen las condiciones necesarias para el recaudo de la tarifa de peaje, se pone en riesgo la viabilidad de un proyecto público, lo cual podría generar un daño patrimonial.
Siendo conocedores de su compromiso con el desarrollo de su municipio y en general de la región, esperamos sean adoptadas las medidas correspondientes para salvaguardar la seguridad, así como prevenir nuevas situaciones de bloqueo y vandalismo que puedan continuar afectando el mantenimiento de la infraestructura vial y, por ende, el bienestar de la ciudadanía.
Igualmente, nos ponemos a su entera disposición para apoyar y aportar, en el marco de nuestro ejercicio gremial y sectorial, a la implementación de soluciones pertinentes.
Cordialmente,
HECTOR CARBONELL GÓMEZ
Director Ejecutivo
CCI SeccionalNorte
EFRAIN CEPEDA TARUD
Presidente Ejecutivo
Comité Intergremial del Atlántico.
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
Director Ejecutivo
Consejo Gremial de Bolívar
