La lluvia de críticas a la Asamblea Departamental por la aprobación del impuesto a usuarios de la energía en Bolívar, no cesa y a ella se sumó el diputado electo Zaith Adechine, quien le pide al saliente gobernador Vicente Blel permitir a la nueva Asamblea y al gobernador electo revisar y ajustar dicha ordenanza y por consiguiente no sancionar dicha ordenanza.
“Tasa de seguridad sí, pero no así”, sostiene el dirigente político quien señala que igualmente el estrato 3 debe ser excluido de dicha contribución, ya que son más de 60 mil familias que hoy están incluidas y que se verán aún más afectadas en su economía.
Para el joven economista, el departamento necesita los recursos para inversión en seguridad, dado los notables incrementos en los índices de criminalidad en Cartagena y municipios como Turbaco, Arjona, El Carmen de Bolívar y Magangué.
“Cartagena lleva dos años en una crisis profunda de seguridad y el departamento está volviendo a los días grises del conflicto armado, tan sólo en el último mes se han desplazado más de mil familias en el Sur de Bolívar por los enfrentamientos entre el Ejército y el ELN y el Clan del Golfo, así que nadie discute la necesidad de contar con más recursos para invertir en la seguridad de los ciudadanos”, explicó Zaith.
Sin embargo, a consideración del diputado electo hoy la ordenanza que sustentó esta nueva tasa tiene varios inconvenientes a revisar:
1. No se percibió por parte de la sociedad civil organizada que hubiera una discusión amplia en dónde se revisaran todos los componentes del proyecto, por ende, hoy hay un rechazo generalizado de la ciudadanía,
2. La contribución, si bien excluye a los estratos uno y dos que son los más empobrecidos, sí incluye al estrato tres que hoy representa a la clase media trabajadora y que ha sufrido el alto costo de vida asociado a la inflación, el encarecimiento del combustible, de la energía eléctrica, entre otros servicios básicos,
3. No se especifica cómo y dónde serán invertidos esos recursos.
El diputado electo plantea, como medida de consenso, que el Gobernador Vicente Blel no sancione dicha ordenanza y permita qué, con los ajustes correspondientes, se presente por la nueva administración departamental.
“Sabemos que las relaciones entre el gobernador Blel y el Gobernador (e) Yamil Arana son las mejores, por eso considero que esta ordenanza, necesaria para contribuir al mejoramiento de la seguridad ciudadana en todo el departamento, debe ser lo suficientemente sólida para que no tenga tropiezos en su implementación”, concluyó Zaith.
