El recrudecimiento del conflicto armado entre los grupos armados ilegales que delinquen en el Magdalena Medio bolivarense ha agravado la situación humanitaria, motivo por el que el Defensor del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional para que priorice la atención a las víctimas que habitan en territorios integrados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Lo que está sucediendo en lo que va del 2024 es la consumación de los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 034 del 2023 de la Defensoría del Pueblo. En la zona tienen injerencia el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) quienes tienen en vilo a 8 municipios del sur de Bolívar.
“Instamos al Gobierno Nacional a priorizar la atención a víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en los municipios que corresponden al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial del sur de Bolívar. En Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, al igual que en Norosí y Montecristo, pues están padeciendo la injerencia de los grupos armados ilegales que delinquen en tan vasta zona”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En lo que va del 2024, la situación humanitaria que padecen las comunidades del sur del departamento de Bolívar ha tendido a agudizarse por cuenta de los repetitivos hechos de violencia ocasionados por enfrentamientos entre la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
La Defensoría del Pueblo, que ha hecho permanente presencia en el territorio a través de su Regional Magdalena Medio, ha insistido en la atención urgente a la población afectada. Sus peticiones han derivado en misiones humanitarias para verificar las vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), en la activación de mecanismos de protección y la participación en consejos de seguridad y comités de justicia transicional.
Pese a ello, no cesan los hostigamientos a la población civil, amenazas e intimidaciones a servidores públicos, lideresas y líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos.
“El escalamiento del conflicto armado en esa zona del Magdalena Medio ha ido en aumento, lo que lamentablemente ha conducido a la consumación de los riesgos que advertimos en nuestra Alerta Temprana 034 del 2023. Son recurrentes los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, que ocasionan desplazamientos masivos y confinamientos. Además, la comunidad está siendo víctima de amenazas, homicidios, secuestros, reclutamiento forzado”, advierte el Defensor del Pueblo.
El trabajo hecho en terreno por funcionarios de la Regional Magdalena Medio permitió evidenciar que en Arenal, Morales y Santa Rosa del Sur se están presentando casos de desplazamiento forzado masivo y confinamiento; en Río Viejo y Cantagallo, secuestros y homicidios, como también persisten los homicidios y amenazas en el municipio de Montecristo.
“Es prioritario que los entes y autoridades competentes atiendan las recomendaciones que formulamos en nuestra Alerta Temprana 034. La población debe ser protegida, sus derechos fundamentales no pueden quedar a merced de los violentos”, es el llamado del Defensor del Pueblo de los colombianos.
La Defensoría del Pueblo trabaja articuladamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y las administraciones locales, con el fin de que haya más ayudas humanitarias y brigadas de salud para las comunidades afectadas.
