Gremios insisten en no exigencia de licencia ambiental al Canal del Dique

El Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado público a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que se revoque la Resolución 322 de 2024 que exige licencia ambiental al megaproyecto del Cabal del Dique, lo cual retrasaría ostensiblemente esta ambiciosa iniciativa.

Señala en un comunicado que ello estaría retrasando una obra que contribuye a la recuperación y prevención del daño ambiental en la región: evitará futuras inundaciones, garantizará la captación de agua para los acueductos de la región, contribuirá a la recuperación del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, a la salud de los ecosistemas y a la reducción de emisiones de CO2 mediante transporte fluvial.

Señala que además, que el proyecto generará 61,766 empleos directos e indirectos, dinamizando actividades económicas como la agricultura, la pesca y el turismo sostenible en una región que hoy presenta altos niveles de pobreza. Esta es una
oportunidad única para que la región se desarrolle de manera sostenible.

Justificación del proyecto:
• El proyecto fue estructurado gracias a la colaboración de Cormagdalena, el Fondo Adaptación y la ANI, permitiendo su ejecución mediante la Resolución 1659 de 2017 de la ANLA, modificada en 2018. La Resolución 322 de 2024 contradice estos actos, socava la coordinación interinstitucional y generan incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

• El instrumento contemplado para el proyecto es el Plan Hidrosedimentológico, y su actualización, junto con un monitoreo continuo, aseguraría la sostenibilidad del proyecto y de sus beneficios. En consecuencia, solicitamos a la autoridad ambiental que haga uso de su competencia para pedir intervenciones adicionales en la fase de ejecución del proyecto en
lugar de frenar el inicio de unas que obras conducirán a la restauración pasiva de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.

• La Resolución 322 de 2024 prolonga la fase de preconstrucción de 18 a 30 meses, generando mayores costos para el Estado, riesgos en la viabilidad financiera del proyecto, y posiblemente demandas. Las demoras exponen a las comunidades ribereñas a riesgos de inundaciones, como las ocurridas en 2010, y profundizan el deterioro de los ecosistemas del Canal del Dique.

Esto compromete el bienestar de más de 1.5 millones de personas, y la recuperación de la biodiversidad en la región.

• Cormagdalena y Ecosistemas del Dique han interpuesto recursos de reposición a la resolución 322 de 2024, y la Procuraduría General ha solicitado reiteradamente a la ANLA revocarla. A la fecha, la Agencia no se ha pronunciado, y mientras esto no suceda, no es posible solicitar los términos de referencia necesarios para la continuidad del proyecto, generando más retrasos en las obras.

• Según las explicaciones técnicas que han hecho Sacyr y la ANI en diferentes escenarios, de las 2.8 toneladas/año que sedimentos que dejarían de ingresar a la Bahía de Cartagena, tan solo 0.1 millones de toneladas/año llegarían a la zona de Boca Cerrada (que pasaría de 0.3 a 0.4).

• Producto de una orden judicial dada por la Jurisdicción Especial para la Paz, el proyecto contempla la implementación de un Protocolo que contribuye a buscar personas dadas por desaparecidas. Este protocolo fue construido con las organizaciones de víctimas y sectores institucionales del área de influencia del Dique, lo cual ha generado grandes expectativas en la región. Un escenario sin proyecto pone en riesgo la implementación el fallo de la JEP.

• La APP Canal del Dique no podrá por si sola atender todas las necesidades ambientales, sociales y económicas del territorio; es la piedra angular que propicia la transformación. Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Transporte, promueve la Visión 2050 como instrumento que articule y promueva la concurrencia de múltiples entidades públicas nacionales, locales, y actores privados. ¿Son conscientes la ANLA y el Ministerio de Ambiente de que una decisión inadecuada a estas alturas puede exponer a las comunidades a que queden sin acceso al proyecto, sin acceso a las consultas y sin acceso a los beneficios que se esperan lograr con la Visión 2050?

Estas autoridades no han comunicado de manera efectiva a las comunidades y los entes territoriales todas las implicaciones reales que tendría la Resolución 322 de 2024 sobre el proyecto y las comunidades que habitan el territorio. No se justifica que estas entidades quieran poner en poner en riesgo la ejecución del proyecto, sus beneficios y la reducción de la vulnerabilidad que de manera urgente requiere el territorio.

Instamos a la ANLA y a la Ministra de Ambiente a reconsiderar la Resolución 322 de 2024 y permitir la ejecución del proyecto sin obstáculos innecesarios. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil para apoyar esta iniciativa y así podamos asegurar un futuro sostenible para el territorio.